Solicitudes de la SIC sobre precios generan alarma en el sector empresarial colombiano
En días recientes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha realizado requerimientos a varias compañías solicitando información detallada sobre sus procesos de definición de precios y márgenes de ganancia. Estas solicitudes han despertado una fuerte preocupación entre empresarios y gremios económicos, quienes argumentan que la entidad de vigilancia estaría excediendo sus competencias y amenazando la autonomía empresarial consagrada en la Constitución colombiana.
El cuestionario que preocupa al sector privado
Según información revelada por Caracol Radio, el cuestionario de la SIC indaga sobre múltiples aspectos sensibles de la gestión empresarial. Entre las preguntas se incluyen los procedimientos para fijar precios y descuentos, los criterios o modelos para establecer el margen de ganancia mínimo, si el inventario influye en las decisiones de descuentos, cómo se incorpora la tasa de cambio en productos importados y si se emplean algoritmos de fijación de precios.
Estos requerimientos, que según la superintendente Cielo Rusinque podrían extenderse a aproximadamente 50 empresas, están siendo interpretados por el sector privado como una intromisión en información protegida por la reserva comercial, que forma parte esencial del ejercicio de la libertad de empresa.
Fundamentos constitucionales en juego
La Constitución colombiana establece claramente la libertad económica y la libre iniciativa privada, dentro de los límites del bien común. En este modelo económico, los precios son determinados principalmente por las dinámicas de oferta y demanda, con excepciones específicas para bienes y servicios sujetos a regulación especial.
"Las empresas tienen el derecho de fijar sus precios basándose en sus políticas y estrategias comerciales, que responden naturalmente al funcionamiento de los mercados", explica un analista económico consultado. El Estado, a través de la SIC, tiene el deber de proteger al consumidor y garantizar la libre competencia mediante vigilancia y control, pero no puede coadministrar empresas privadas ni obligar a revelar información confidencial de naturaleza comercial.
Contexto económico preocupante
Estas solicitudes se producen en un momento particularmente sensible para la economía colombiana, luego del aumento del 23 por ciento en el salario mínimo para el presente año. Los efectos inflacionarios de esta medida ya comienzan a sentirse en diversos sectores productivos.
La preocupación central radica en que estas solicitudes generalizadas de información difieren sustancialmente de investigaciones específicas sobre prácticas que puedan violar las normas de competencia. Mientras lo segundo corresponde al ejercicio legítimo de las competencias de la SIC, lo primero podría cruzar la línea de la autonomía empresarial y abrir la puerta a una intromisión estatal indebida en decisiones comerciales privadas.
Temores sobre posibles controles de precios
Un aspecto que genera especial inquietud es lo que podría seguir después de esta recopilación masiva de información por parte de la SIC. Existe una preocupación genuina y razonable sobre la posible imposición de un sistema de control o fijación de precios por parte del Gobierno Nacional.
La administración del presidente Gustavo Petro ha venido desarrollando recientemente una narrativa que busca eximir al gobierno de las consecuencias negativas sobre la inflación, el empleo, las finanzas públicas y las tasas de interés, luego del incremento desmedido del salario mínimo. Culpar a los empresarios por estos efectos no sorprendería a nadie, dado el marcado sesgo contra el sector privado que se ha observado desde la Casa de Nariño.
En conclusión, las solicitudes de la SIC sobre precios y márgenes de ganancia representan una amenaza significativa para la libertad económica en Colombia. El sector empresarial tiene fundamentos sólidos para temer que estas acciones puedan conducir a un control estatal excesivo sobre decisiones comerciales que tradicionalmente han correspondido al ámbito privado, violando principios constitucionales básicos que sustentan el modelo económico colombiano.
