Procuraduría advierte sobre grave vacío normativo en control aduanero por inacción del Congreso
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta institucional sobre los riesgos jurídicos e institucionales que podrían generarse si el Congreso de la República no expide antes del 20 de junio de 2026 una ley que establezca el régimen sancionatorio aduanero, regule el decomiso de mercancías y defina el procedimiento aplicable en esta materia fundamental para el control del comercio exterior.
Contexto constitucional y plazo perentorio
La advertencia de la Procuraduría surge en el contexto específico de la Sentencia C-072 de 2025 emitida por la Corte Constitucional, que declaró inexequible la facultad que tenía el Gobierno Nacional para regular este régimen mediante decreto ejecutivo. De acuerdo con la decisión del alto tribunal, la regulación del régimen sancionatorio aduanero está sometida a reserva de ley, por lo que corresponde exclusivamente al poder legislativo establecer las normas que rijan en esta materia.
En su histórico fallo, la Corte Constitucional concedió un plazo al Congreso hasta el 20 de junio de 2026 para que adopte la ley correspondiente, advirtiendo explícitamente que, una vez vencido ese término, podría generarse un vacío normativo con efectos directos y potencialmente graves sobre el control aduanero en todo el territorio nacional.
Implicaciones institucionales y operativas
La Procuraduría señaló que esta fecha límite se convierte en una cuenta regresiva con implicaciones relevantes para el funcionamiento institucional del Estado colombiano, especialmente en lo relacionado con:
- El control efectivo del contrabando
- El decomiso legal de mercancías ilícitas
- La capacidad del Estado para imponer sanciones en materia aduanera
- La seguridad jurídica de los operadores de comercio exterior
Según la advertencia del ente de control, a partir del 21 de junio de 2026, en caso de no haberse aprobado la ley correspondiente, el vacío normativo podría ser inmediato y de amplio alcance, afectando directamente las facultades de las autoridades encargadas de ejercer vigilancia y control en este ámbito estratégico para la economía nacional.
Acciones preventivas y seguimiento institucional
En ese contexto de alerta, la Procuraduría General informó que ya adelanta un seguimiento preventivo al trámite legislativo en curso, con el objetivo específico de monitorear los avances parlamentarios y promover acciones que permitan anticipar eventuales riesgos derivados de la ausencia de regulación adecuada.
Asimismo, la entidad indicó que se están impulsando espacios de articulación institucional entre distintas entidades del Estado colombiano para analizar de manera exhaustiva los posibles escenarios jurídicos y administrativos que podrían surgir si no se cumple con el plazo fijado por la Corte Constitucional.
La Procuraduría enfatizó que esta situación requiere atención prioritaria del Congreso, dado que las implicaciones trascienden lo meramente administrativo y afectan aspectos centrales de la soberanía nacional, el control territorial y la capacidad estatal para combatir actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior.
