Una resolución de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha revelado los detalles del esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, quien continúa siendo una figura controvertida por su influencia en el gobierno de Gustavo Petro. El documento, fechado el 13 de mayo de 2025, indica que Guerrero fue clasificada con un nivel de riesgo “extraordinario” durante su cargo como Secretaria Ejecutiva en el Ministerio del Interior. Esta evaluación, emitida por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), resultó en la asignación de un vehículo blindado y dos escoltas.
Asignación por riesgo extraordinario
De acuerdo con información de El Colombiano, una fuente reservada confirmó que las versiones en redes sociales que mencionaban un esquema más amplio, con múltiples camionetas y hasta nueve personas de protección, son inexactas. La fuente explicó que el despliegue puede parecer mayor en ciertas circunstancias, especialmente cuando Guerrero coincide con otros funcionarios que también cuentan con protección oficial.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, rechazó categóricamente esas afirmaciones, calificándolas como exageradas. “Es una exageración enorme. Me preocupa la falta de rigurosidad”, declaró a los medios. Además, señaló que los detalles específicos de estos esquemas son reservados por razones de seguridad.
El esquema otorgado tiene una vigencia inicial de 12 meses, por lo que su continuidad depende de una nueva evaluación de riesgo. Según la entidad, este proceso podría llevar a la modificación, retiro o ampliación de las medidas de protección.
Controversia y contradicciones
La controversia creció después de que la funcionaria Angie Rodríguez cuestionara la asignación del esquema, argumentando que Guerrero no ocupa actualmente un cargo público. Sin embargo, la UNP aclaró que la protección se otorgó cuando ella formaba parte del Ministerio del Interior y que la solicitud fue tramitada institucionalmente.
El propio Augusto Rodríguez aseguró que la petición fue presentada de manera urgente desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en ese momento bajo la dirección de Angie Rodríguez. “Hay una curiosa contradicción entre lo que se solicitó en ese momento y lo que se afirma ahora”, señaló.
Actualmente, Guerrero no tiene un cargo formal en el Gobierno, aunque figura como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Su nombre ha vuelto a la agenda pública por señalamientos sobre su influencia en distintas entidades y por acusaciones relacionadas con un presunto título académico irregular.
La representante Jennifer Pedraza ha denunciado la existencia de un posible entramado de títulos falsos, caso en el que Guerrero ha sido mencionada. A esto se suman afirmaciones de Angie Rodríguez, quien incluso la vinculó con supuestos intentos de desprestigio contra la vicepresidenta Francia Márquez.
Finalmente, la entidad confirmó que el caso se encuentra en revisión bajo los procedimientos ordinarios, ahora en calidad de persona que no ostenta un cargo público.
