La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) señaló que Colombia ha avanzado en materia de transparencia del sector extractivo, pero aún enfrenta importantes retos en el acceso a información detallada sobre beneficiarios finales, participación ciudadana y fortalecimiento del diálogo con las comunidades en los territorios donde se desarrolla la actividad minera y petrolera.
Avances y pendientes en transparencia
Emmanuel Aguilar Burgoa, oficial de país para América Latina y el Caribe del EITI, visitó Colombia y sostuvo reuniones con autoridades, empresas, organizaciones sociales y comunidades en Antioquia y Caldas. El EITI es un estándar internacional de gobernanza para minería, petróleo y recursos naturales, presente en más de 55 países, que busca garantizar la divulgación de información sobre producción, contratos, pagos de empresas, ingresos del Estado y uso de esos recursos. Colombia es miembro desde 2014, con un esquema tripartito de Gobierno, empresas y sociedad civil.
Según Aguilar, el trabajo del EITI se enfoca en dos frentes: la divulgación de información sobre contratos, licencias, exploración, producción e impactos sociales y ambientales, y la promoción del debate y uso de esos datos mediante espacios de diálogo entre autoridades, industria y organizaciones sociales.
El representante destacó que Colombia ha mostrado avances importantes en divulgación sistemática de información pública del sector extractivo, especialmente en datos sobre licencias y contratos administrados por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. "Colombia a nivel regional es uno de los gobiernos que tiene más progreso en divulgación sistemática de la información", afirmó.
Sin embargo, advirtió que persisten retos en la calidad y el nivel de detalle de la información disponible, especialmente en proyectos mineros específicos y beneficiarios finales de las compañías. "Información sobre los proyectos mineros necesita estar más desagregada para hacer un análisis mucho más puntual y exacto del estado del sector", señaló.
Beneficiarios finales y transparencia empresarial
Uno de los temas que más preocupa al organismo es el acceso a información sobre los beneficiarios finales de las empresas extractivas, clave para prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. "El sector minero y el sector petrolero, por ser sectores de alto riesgo, necesitan poner más atención y publicar esta información, o por lo menos permitir acceso a ciertos datos que permitan un análisis mucho más detallado de quiénes están detrás de las empresas y de las cadenas de suministro", sostuvo Aguilar.
También mencionó desafíos en transparencia de empresas estatales y comercialización de minerales, así como la necesidad de fortalecer el "espacio cívico", es decir, la capacidad de las organizaciones y comunidades de usar la información pública para hacer seguimiento y análisis sobre el sector.
Evaluación 2027 y trabajo territorial
La última evaluación integral del EITI a Colombia se realizó en 2022, y la próxima revisión oficial está prevista para 2027. La visita actual busca hacer seguimiento a las recomendaciones formuladas en la validación anterior y revisar el avance en la implementación del estándar antes del próximo ciclo.
Uno de los principales cambios en la estrategia del EITI en la región es el fortalecimiento del trabajo territorial y el acercamiento a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos. Aguilar explicó que durante muchos años el enfoque estuvo en autoridades nacionales y gremios, pero ahora la prioridad es llevar la discusión sobre transparencia a las regiones. "Nos estamos dando cuenta de que realmente donde suceden todas estas dinámicas complejas es en los territorios", afirmó.
En ese contexto, la organización visitó proyectos de Aris Mining en Segovia y Marmato, donde participaron en encuentros con autoridades locales, organizaciones campesinas, asociaciones de mujeres, mineros en procesos de formalización y entidades ambientales. "Fuimos a conocer cómo se han dado estos diálogos y la impresión fue positiva porque hay un diálogo real con mineros, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, autoridades locales y ambientales", indicó.
Aguilar señaló que uno de los retos más complejos en Colombia es que las dinámicas territoriales son distintas en cada región y no existe un modelo único replicable. Puso como ejemplo Perú, donde la implementación territorial del estándar ha tenido mayor desarrollo gracias a grandes proyectos de cobre y un marco legal específico. "Lo que sucede en Antioquia es posible que no se pueda replicar con exactitud en el Cesar o en La Guajira porque tienen dinámicas distintas", explicó.
No obstante, aseguró que en Colombia se está fortaleciendo una estrategia territorial impulsada por el Ministerio de Minas, empresas y organizaciones sociales para llevar la transparencia y el acceso a la información a nivel local.
Desafíos para los próximos gobiernos
De cara al cambio de gobierno en 2026, Aguilar consideró que uno de los principales desafíos será mantener la articulación entre todos los actores del sector extractivo. "Hay muchas organizaciones de la sociedad civil y de la industria muy activas en los territorios, tratando de hacer las cosas bien y de tener diálogos constructivos", afirmó.
También insistió en la necesidad de fortalecer el uso ciudadano de la información relacionada con minería y petróleo para que las comunidades entiendan cómo se utilizan los recursos y cómo esos ingresos pueden contribuir a cerrar brechas sociales y económicas. "La sociedad tiene que estar informada sobre cómo se utilizan los recursos que se extraen y cómo eso ayuda también a cerrar las grandes brechas que existen en este país", señaló.
El funcionario sostuvo que el estándar EITI ha servido como herramienta para generar confianza entre actores en medio de la polarización política y social. "Un papel muy importante que ha jugado el EITI en Colombia es la generación de confianza. Confianza de saber que los actores que estamos sentados en esta mesa tenemos responsabilidad con los ciudadanos y con el uso responsable de los recursos naturales", dijo.
La próxima visita oficial de evaluación está prevista para 2027, cuando un equipo técnico revisará el cumplimiento de los requisitos del estándar y el avance en transparencia extractiva. "Vendremos ya con un equipo de evaluación a revisar qué tanto se ha avanzado en transparencia y en el cumplimiento del estándar en estos años", concluyó Aguilar.
