En la tarde de este lunes, Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, fue mencionada durante la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña Petro Presidente 2022. La diligencia se realiza en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el reporte de gastos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.
Detalles de la audiencia
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa, respondió a una observación de la defensa de Roa sobre diez gastos reportados de forma incorrecta o no incluidos en los registros oficiales. En su intervención, mencionó en dos ocasiones a Laura Camila Sarabia Torres, quien se desempeñaba como coordinadora de logística de la campaña en ese momento.
El fiscal señaló que una factura fue expedida a nombre de Ricardo Roa, con dirección y correo electrónico de Sarabia (lauri.sarabia@gmail.com), y pagada en efectivo. Según el ente acusador, esto es relevante porque el efectivo no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña.
Evento en hotel del norte de Bogotá
Uno de los hechos bajo análisis corresponde a un evento realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá, cuyo costo habría ascendido a 27 millones de pesos. La factura fue emitida a nombre de Ricardo Roa y enviada al correo asociado a Sarabia, con pago en efectivo.
Roa se declara inocente
En la diligencia, Roa se declaró inocente del delito de violación de topes electorales imputado por la Fiscalía. “No acepto los cargos y me declaro inocente”, respondió al juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Además, Roa enfrenta otro proceso judicial por el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la supuesta compra irregular de un lujoso apartamento en el barrio El Chicó, al norte de Bogotá. La Fiscalía sostiene que Roa utilizó su posición como máxima autoridad de Ecopetrol para favorecer intereses particulares.
¿Por qué está siendo procesado Roa?
En Colombia, las campañas electorales tienen topes máximos de financiación establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Para la campaña de 2022, el límite autorizado era de 28 mil millones de pesos en primera vuelta y 13 mil millones en segunda vuelta. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos montos fueron superados.
Según la imputación, durante la primera vuelta la campaña reportó oficialmente gastos por 28.384 millones de pesos. No obstante, los investigadores afirman que existieron pagos y movimientos no registrados de manera completa en el sistema “Cuentas Claras”. Dentro de esas inconsistencias se incluirían gastos no reportados o reportados parcialmente por 1.193 millones de pesos, además de un ajuste contable entre vueltas por 345.982.836 pesos.
Con estos valores, la Fiscalía concluye que el gasto real habría alcanzado aproximadamente 29.924 millones de pesos, es decir, unos 1.388 millones por encima del tope permitido.
Entre los movimientos revisados figuran pagos a Mi Colombia Travels SAS por eventos de campaña realizados en el hotel Marriott y el Tequendama, así como un préstamo temporal del Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos que, según el ente investigador, debió registrarse formalmente. También están bajo análisis gastos atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO) por más de 290 millones de pesos, relacionados con logística, transporte, alimentación y actividades proselitistas.
En cuanto a la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía sostiene que la campaña habría excedido nuevamente los límites. Según la imputación, el gasto real habría llegado a 17.623 millones de pesos, superando el tope en aproximadamente 276 millones de pesos.
Más allá del exceso en los montos, la investigación señala como punto central que varios pagos, servicios y apoyos económicos no habrían sido incluidos de forma completa en los reportes oficiales entregados a las autoridades electorales.
