La Secretaría de Seguridad de Bogotá respondió a los cuestionamientos sobre el contrato de cámaras con reconocimiento de placas (LPR) y aseguró que, pese a los retrasos y las prórrogas, no existe riesgo de detrimento patrimonial.
De acuerdo con la entidad, el proyecto registra un avance parcial: 70 cámaras ya han sido recibidas, 20 están en proceso de validación por parte de la interventoría y otras 10 se encuentran en instalación. En total, serían 100 de las 200 cámaras previstas para su integración al sistema de monitoreo de la ciudad.
El contrato, identificado como SCJ-1904-2023, ha tenido siete prórrogas en el tiempo de ejecución. Según la Secretaría, estas han sido sustentadas por la supervisión y las interventorías, debido a distintos factores que han afectado el cronograma.
Frente a las críticas desde el Concejo por posibles irregularidades, el Distrito fue enfático en que el contrato no ha tenido adiciones presupuestales ni cambios en su alcance. “Los pagos realizados corresponden únicamente a bienes efectivamente recibidos y verificados, por lo que no habría lugar a un detrimento patrimonial”, indicó la entidad.
La Secretaría también explicó que, para garantizar el seguimiento técnico, se firmó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia, que asumió la interventoría integral del proyecto.
Con base en ese análisis técnico, se recomendó otorgar una nueva prórroga de cuatro meses, hasta el 27 de agosto de 2026, con el fin de completar la instalación, configuración y validación del sistema. Según el Distrito, este plazo fue considerado “necesario, proporcional y razonable” para avanzar en el cumplimiento del contrato.
Cuestionamientos al contrato
El contrato para la instalación de estas cámaras volvió al centro de la discusión tras la aprobación de esta nueva extensión en el plazo, la séptima desde su firma. La alerta fue lanzada por el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien cuestionó los retrasos en la ejecución y advirtió posibles irregularidades.
Según el cabildante, a la fecha solo se han instalado 90 de las 200 cámaras contratadas: 70 ya cuentan con recepción técnica y 20 siguen en proceso. Además, señaló que el proyecto pasó de un plazo inicial de 182 días a 844 días, con una nueva extensión hasta el próximo 27 de agosto. “Lo que estamos viendo es un contrato con múltiples demoras al que le siguen ampliando los plazos, mientras la ciudad enfrenta problemas de seguridad”, afirmó.
El concejal también indicó que la ejecución presupuestal alcanza cerca del 67 %, es decir, unos COP 9.635 millones de un total superior a COP 14.000 millones, y advirtió que durante cerca de ocho meses el contrato habría estado sin interventoría.
El proyecto de cámaras LPR hace parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad, especialmente en la identificación de vehículos vinculados a delitos. Sin embargo, los retrasos y las prórrogas mantienen abierto el debate sobre su ejecución.
