La Defensoría del Pueblo enfrenta una grave crisis financiera que podría agravar los problemas de administración de justicia en Medellín y Antioquia. Según denunció el defensor público Juan Arango, la entidad tiene un déficit cercano a los 9.000 millones de pesos para su funcionamiento, lo que podría traducirse en despidos masivos en los próximos meses.
Vencimiento de contratos y posibles recortes
La mayoría de los defensores públicos tienen contratos que vencen el próximo 31 de julio. Se teme que en Antioquia, una tercera parte de los 400 defensores actuales, es decir, cerca de 120, puedan ser desvinculados. Arango explicó que los recortes se realizarían en zonas con menor conflictividad, como Envigado, donde actualmente hay cuatro defensores y se reducirían a dos.
Impacto en la administración de justicia
La situación generaría una sobrecarga laboral para los defensores que permanezcan y dificultades en la realización de audiencias. "Sin un defensor no hay audiencia", afirmó Arango, quien señaló que con cuatro audiencias diarias por defensor, el sistema se empezaría a represar.
La Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo declaró un cese de actividades los días 28 y 29 de abril. En Medellín, realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia José Félix de Restrepo. Advierten que si no mejoran las condiciones laborales y salariales, podrían aumentar las medidas de presión, incluso con un paro indefinido.
