Contraloría revela graves fallas en gestión de bienes incautados por la SAE
La Contraloría General de la República ha emitido un contundente informe donde detalla hallazgos fiscales por un valor total de COP 8.839 millones, relacionados directamente con la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estas irregularidades abarcan las vigencias de 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, poniendo en evidencia serias deficiencias en los procesos misionales de la entidad.
Hallazgos con impacto fiscal y disciplinario
Durante la auditoría realizada, el organismo de control identificó un total de 22 hallazgos específicos, de los cuales 11 presentan una clara incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Entre las principales irregularidades documentadas, se destacan:
- Problemas significativos en la administración de bienes y en la ejecución de los procedimientos de desalojos.
- Insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios encargados de custodiar los activos.
- Debilidades críticas en los sistemas de información, lo que afecta directamente el manejo de inventarios y la articulación entre las diferentes áreas involucradas en los procesos centrales de la SAE.
Irregularidades en contratos de arrendamiento
En el análisis detallado de la entidad, que se encuentra bajo la dirección de Amelia Pérez, se detectaron múltiples anomalías en los contratos de arrendamiento. Específicamente, se encontraron:
- Contratos de arrendamiento que se mantenían vigentes sin contar con las pólizas de seguro requeridas por ley.
- Casos de subarriendos que fueron realizados sin la debida autorización por parte de la SAE.
- Aplicación de descuentos improcedentes en los pagos de arrendamiento.
- Falta de control efectivo sobre las reparaciones necesarias y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios.
Deficiencias en la gestión de vehículos
Uno de los capítulos más preocupantes del informe se refiere a la gestión de los vehículos que se encuentran bajo la administración de la SAE. La Contraloría evidenció graves deficiencias en los procesos de:
- Enajenación y comercialización de los automotores.
- Asignación y chatarrización de unidades que ya no tienen valor comercial.
Estas fallas han generado una pérdida significativa de valor en los activos y, en muchos casos, un almacenamiento prolongado en patios por más de seis años. Solo en costos de bodegaje, entre 2021 y 2025, se han erogado COP 1.090 millones, recursos que podrían haberse destinado a fines más productivos.
Casos emblemáticos de malgasto
Entre los hallazgos más llamativos para el periodo 2021-2025, se destaca el pago de hasta COP 68,4 millones por el almacenamiento de un camión que, según los protocolos de la SAE, debería haber sido comercializado oportunamente. Este caso, lejos de ser aislado, forma parte de un patrón más amplio: en total, son 113 vehículos por los cuales se desembolsan mensualmente sumas considerables de dinero, sin que exista una estrategia clara para su disposición final.
Compromisos de seguimiento y corrección
Finalmente, la Contraloría General ha anunciado que evaluará la efectividad de las acciones que emprenda la SAE para eliminar las causas que originaron estos hallazgos. Además, realizará un seguimiento estricto al plan de acciones y metas correctivas o preventivas que la entidad deberá implementar de manera obligatoria. Este proceso de vigilancia busca garantizar que los recursos públicos sean manejados con la transparencia y eficiencia que la ciudadanía exige.
