Supersociedades culmina proceso judicial contra Minergéticos por captación ilegal
La Superintendencia de Sociedades anunció que el proceso de intervención judicial contra Minerales y Energéticos Industriales Minergéticos S.A. se encuentra en su fase final, tras cumplir el objetivo principal de resarcir a las víctimas afectadas por la captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.
Proceso iniciado en 2016 bajo toma de posesión
El procedimiento, que comenzó en 2016 bajo la figura de toma de posesión, se abrió después de que se evidenciara que la sociedad y personas vinculadas recibieron recursos del público sin contar con autorización legal. Esta situación desencadenó una investigación exhaustiva y la adopción de medidas inmediatas para proteger los derechos de los afectados.
Como resultado de las actuaciones adelantadas por la entidad de control, se logró reconocer una afectación total de $4.123 millones, correspondiente a 26 personas naturales y jurídicas. Los derechos de estas víctimas fueron atendidos mediante la adjudicación de bienes, sin que existan saldos pendientes a su favor en la actualidad.
Auto del 3 de febrero de 2026 resuelve asuntos pendientes
Mediante un auto emitido el 3 de febrero de 2026, la SuperSociedades resolvió los asuntos restantes necesarios para culminar el proceso. Esto incluye la orden de pago de gastos de administración por $1.137 millones, principalmente asociados a:
- Impuestos prediales
- Cuotas de copropiedad
Estos gastos serán cubiertos mediante la adjudicación de bienes inmuebles disponibles, asegurando así el cumplimiento de todas las obligaciones financieras pendientes.
Efectividad de las herramientas legales del Estado
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que este caso demuestra la efectividad de las herramientas legales del Estado para proteger a los ciudadanos frente a esquemas de captación ilegal. Escobar Pérez señaló que, una vez se completen las inscripciones registrales, el levantamiento de medidas cautelares y la rendición final de cuentas, el proceso quedará listo para su cierre formal.
Este logro representa un avance significativo en la lucha contra las prácticas financieras irregulares y refuerza el compromiso de las autoridades con la protección de los intereses del público y el mantenimiento del orden económico en el país.