La Asociación de Comercializadores Industriales de Combustible y Energía (ACICE) ha denunciado públicamente que el Ministerio de Minas y Energía está imponiendo restricciones que carecen de sustento legal en la normativa colombiana, lo que genera obstáculos en la operación del abastecimiento energético del país y una competencia desigual frente a otros actores de la cadena, como las estaciones de servicio, que no enfrentan cargas equivalentes.
Las restricciones denunciadas por ACICE
En su denuncia, ACICE señala dos limitaciones principales: la prohibición de que un mismo vehículo sirva a más de un comercializador industrial, y la exigencia de acreditar exclusividad en la distribución mediante una resolución del Ministerio. Según la asociación, estas restricciones no están contempladas en el Decreto 1073 de 2015 ni en el ordenamiento jurídico vigente, y surgen de interpretaciones administrativas que exceden las facultades del Ministerio, contradiciendo el principio de legalidad.
¿Quiénes son los comercializadores industriales?
Los comercializadores industriales de combustibles son intermediarios minoristas reconocidos legalmente en la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Su función es garantizar el suministro a sectores estratégicos como el agrícola, minero, comercial, energético y de infraestructura. ACICE es la única asociación que agrupa a estos comercializadores independientes, no integrados con grandes mayoristas o estaciones de servicio, y defiende sus intereses regulatorios, económicos y operativos.
Consecuencias de las restricciones
La organización advierte que estas barreras encarecen la logística, reducen las opciones para los comercializadores y operadores de transporte, y crean barreras de entrada que concentran el mercado. Además, denuncian un trato diferenciado por parte del Ministerio, ya que a las estaciones de servicio no se les exigen estos requisitos, permitiéndoles compartir vehículos transportadores sin restricciones. Esta asimetría regulatoria genera una competencia desigual en detrimento de los comercializadores industriales.
Andrea Marcela Cabrejo, directora general de ACICE, afirmó: "Cada restricción artificial en la cadena de distribución termina siendo pagada por los ciudadanos y las empresas colombianas. Un mercado cerrado, con exclusividades que la ley no contempla, no solo encarece el combustible que mueve nuestra economía: destruye la competencia que protege al usuario final. ACICE exige reglas claras, abiertas y estables, no como un favor al sector, sino como una condición mínima para que el mercado funcione en beneficio de todos los colombianos".
Llamado a las autoridades
La entidad hizo un llamado a las autoridades para que el ejercicio sectorial se desarrolle bajo un marco de seguridad jurídica y reglas estables, aplicando solo la normativa vigente y evitando la imposición de requisitos inexistentes basados en interpretaciones erróneas o discrecionales. Asimismo, resaltaron que la eficiencia energética y la competitividad no deben quedar sujetas a la incertidumbre normativa, y que la administración pública debe actuar como facilitadora del cumplimiento legal, no como una barrera basada en criterios subjetivos.
