Gremios empresariales cuestionan decretos de emergencia económica del Gobierno Petro
El gobierno del presidente Gustavo Petro sorprendió este jueves en la noche con la emisión de siete decretos en el marco de la emergencia económica declarada por la situación invernal que afecta varias regiones del país. Las disposiciones incluyen cambios en el presupuesto nacional, ajustes tributarios y mecanismos para movilizar financiamiento, generando inmediatas reacciones críticas del sector empresarial.
Medidas tributarias y apoyo financiero
Entre las decisiones más destacadas se encuentra la ampliación de algunos impuestos, como el impuesto al patrimonio para empresas, que ahora también aplicaría a compañías extranjeras con operaciones en Colombia. Además, se establecen medidas para ampliar garantías de crédito y apoyo financiero a las personas y sectores productivos afectados por las inundaciones, con el objetivo de facilitar su recuperación económica.
Otra de las disposiciones busca modificar reglas en la facturación y cobro de servicios públicos, especialmente en energía y gas, como parte de los ajustes que el Gobierno considera necesarios para manejar los impactos de la emergencia climática.
"Excepcionalidad convertida en atajo"
Frente a estas medidas, diferentes gremios mostraron su preocupación por los posibles impactos en el sector productivo. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), aseguró que esta tanda de decretos puede suponer diferentes riesgos en materia económica.
"Es un precedente peligroso que el decreto 240 convierta la excepcionalidad en un atajo. Revive y amplía cargas tributarias y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria", explicó la dirigente gremial.
Y agregó: "En vez de ajustar el gasto público, el Gobierno vuelve a cargar al sector productivo. Y eso lo terminan sintiendo los colombianos: menos oportunidades, menos dinamismo y más incertidumbre para las familias".
Beneficio para operadores ilegales
Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), expresó que la decisión puede convertirse en un caldo de cultivo de ganancias para los operadores ilegales.
"Cuando se grava mal al operador autorizado, el Estado no gana. El que gana es el ilegal. Hoy los ilegales están felices. Cuando crece la ilegalidad se pierde el recaudo fiscal, se pierde el control, se pierde la protección de los usuarios y desaparece la trazabilidad de los recursos", afirmó Montero Cárdenas.
El dirigente añadió: "Lo único que pedimos es que los impuestos estén bien diseñados, de acuerdo con la mecánica de los juegos y con el modelo económico del sector. La tributación debe construirse desde criterios técnicos, no desde apreciaciones políticas o cifras distorsionadas".
"Desespero" del Gobierno en época electoral
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, mencionó que la medida no oculta el "desespero" del Gobierno para recaudar recursos en plena época electoral, y que "ahora se empeña en quitarle dinero a los hogares y gastarlos a su antojo".
"Estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso en su rechazo del proyecto de ley de financiamiento", afirmó el dirigente gremial.
Mac Master hizo un llamado a la Corte Constitucional para estudiar la solicitud de suspensión provisional de los decretos 173 y 240 de 2026, argumentando que el pago de estos impuestos puede generar perjuicios económicos irremediables a los contribuyentes.
"Una medida de suspensión provisional es más beneficiosa para la democracia porque devuelve la discusión sobre los impuestos a su escenario natural: el Congreso de la República", concluyó el presidente de la Andi.
