El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado pasos importantes en varios expedientes clave que reposan en los escritorios de los magistrados y que podrían alterar el curso de los comicios presidenciales de primera vuelta, previstos para el próximo 31 de mayo. El pleno del tribunal electoral avanzó en procesos como el futuro de la encuestadora Atlas Intel y la revocatoria de la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Procesos contra Atlas Intel
En relación con Atlas Intel, el CNE ha acumulado cuatro procesos administrativos contra esta firma, derivados de igual número de demandas que señalan una supuesta manipulación de los resultados de sus encuestas. Además, se alega que la empresa estaría incumpliendo la normatividad vigente en materia electoral.
Esta semana, el organismo emitió una medida cautelar que prohíbe a la empresa divulgar cualquier tipo de medición a través de medios de comunicación, como lo hizo durante la actual campaña con la Revista Semana. La medida se mantendrá hasta que se resuelvan de fondo los expedientes administrativos abiertos.
El miércoles, la sala plena decidió que una comisión conformada por Álvaro Prada (Centro Democrático), Maritza Martínez (La U), Altus Baquero (Partido Liberal) y Fabiola Márquez (Pacto Histórico) será la encargada de evaluar todos los procesos, unificarlos y presentar un informe al pleno del órgano electoral.
Se espera que el tema no se resuelva antes de la primera vuelta del 31 de mayo, lo que genera expectativa sobre la decisión final y si las encuestas de Atlas Intel volverán a publicarse antes del segundo balotaje, programado para el 21 de junio. Mientras tanto, las medidas cautelares contra la firma brasileña quedarán suspendidas en tanto se resuelve el recurso de reposición, que también será estudiado por la misma comisión.
Revocatoria de candidatura de Abelardo de la Espriella
De manera paralela, el CNE se prepara para emitir un fallo sobre un expediente que solicita la revocatoria de la candidatura de Abelardo de la Espriella. Según el demandante, la campaña habría presentado de mala fe documentos falsos y firmas de apoyo que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos registrados en los formularios. Estas conductas podrían configurar delitos como falsedad en documentos públicos, fraude procesal y concierto para delinquir.
El CNE deberá determinar si existen elementos suficientes para proceder con la revocatoria, lo que podría tener un impacto significativo en el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales.
