La Fundación para el Estado de Derecho y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentaron una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ella, solicitaron reforzar la vigilancia internacional sobre el proceso presidencial colombiano y emitir un pronunciamiento antes de la segunda vuelta electoral, programada para el 21 de junio.
Preocupaciones por la neutralidad institucional
Los firmantes manifestaron que recientes actuaciones del presidente Gustavo Petro generan inquietud respecto a la neutralidad de las instituciones, la equidad de la contienda y la confianza ciudadana en las autoridades electorales. La comunicación, dirigida a la misión internacional que acompaña el proceso electoral, señala que existe un conjunto de hechos que, analizados en conjunto, evidenciarían un patrón de comportamiento relacionado con pronunciamientos de contenido electoral, cuestionamientos al sistema de votación y uso de plataformas estatales durante la campaña presidencial.
Según el documento, estas acciones adquieren especial relevancia porque ocurren en la recta final de la elección presidencial, después de advertencias de organismos nacionales e internacionales y de decisiones judiciales orientadas a preservar la neutralidad institucional.
Denuncia por presunta afectación de la neutralidad electoral
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a las declaraciones del jefe de Estado antes y después de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Los firmantes argumentan que el mandatario intervino en debates sobre la transparencia del sistema electoral, cuestionó el software de la Registraduría y denunció posibles irregularidades en el escrutinio. La denuncia recopila declaraciones difundidas entre el 26 de mayo y el 2 de junio, periodo en el que el presidente insistió en sus cuestionamientos sobre la integridad del sistema electoral.
Para los denunciantes, estas afirmaciones son especialmente sensibles debido a la posición institucional del presidente y a la influencia que sus mensajes pueden tener en la percepción pública de las elecciones. El documento sostiene que estas actuaciones ocurrieron pese a antecedentes de advertencias de la Misión de Observación Electoral de Colombia, pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación y decisiones judiciales sobre participación política de servidores públicos.
Los denunciantes solicitaron a la OEA valorar la conveniencia de emitir un pronunciamiento específico antes de la segunda vuelta presidencial. Consideran que una intervención preventiva podría preservar la confianza ciudadana, fortalecer la equidad entre candidaturas y respaldar el respeto por las reglas democráticas en la fase definitiva de la contienda.
Observadores internacionales respaldan transparencia del proceso
La denuncia reconoce los hallazgos de las misiones internacionales que han acompañado las elecciones colombianas. La OEA, la Unión Europea y el Centro Carter coincidieron en resaltar la transparencia, trazabilidad y confiabilidad general del proceso electoral. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que el proceso fue transparente y creíble técnicamente. La auditoría internacional al sistema de consolidación electoral determinó que cumplía con los requisitos de seguridad, trazabilidad e integridad. La misión del Centro Carter señaló que la Registraduría administró las elecciones de manera eficiente y transparente, mientras que el informe de la OEA destacó que los datos del preconteo coincidían en un 99,94 % con los resultados de los escrutinios.
Por esta razón, los firmantes consideran preocupante que continúen difundiéndose denuncias públicas sobre fraude electoral o manipulación de resultados. Afirman que existe una tensión entre los hallazgos de los observadores internacionales y las afirmaciones desde la Presidencia sobre el funcionamiento del sistema electoral.
Uso de canales institucionales y decisiones judiciales
Otro eje de la denuncia es el uso de canales institucionales del Estado. Los firmantes sostienen que plataformas oficiales, medios públicos y cuentas institucionales habrían difundido mensajes con contenido político-electoral, lo que podría generar ventajas comunicacionales frente a otras campañas. La comunicación hace referencia a observaciones de la misión electoral de la Unión Europea, que documentó una alta presencia de contenidos sobre logros gubernamentales en publicaciones oficiales durante la campaña y reportó cobertura favorable hacia sectores afines al Gobierno en algunos medios públicos.
Adicionalmente, los denunciantes afirman que varias actuaciones descritas ocurrieron después de decisiones judiciales sobre participación política y difusión de mensajes electorales. Consideran que el eventual incumplimiento de dichas órdenes es un factor adicional de preocupación para la institucionalidad democrática y la separación de poderes.
Como resultado, la Fundación para el Estado de Derecho y la Andi solicitaron a la OEA reforzar la observación internacional de cara a la segunda vuelta presidencial, mantener presencia activa durante la campaña, el escrutinio y la proclamación de resultados, y documentar en su informe final las denuncias sobre participación política de servidores públicos y uso de plataformas estatales.
“La presente denuncia busca preservar el principio básico de toda democracia constitucional: el poder público no puede utilizar su investidura para alterar la igualdad de la competencia electoral ni para sustituir la voluntad libre de los ciudadanos”, concluye el documento remitido a la misión internacional.
