En medio de la controversia generada por la solicitud de la presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, de suspender al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, el Gobierno colombiano ha comenzado a unificar su versión de los hechos para presentar pruebas contra la congresista, quien fue suspendida este mismo día.
Reunión en Casa de Nariño para coordinar estrategia
Tras la conferencia de prensa del jefe de Estado en Nueva York, donde denunció que Arizabaleta habría realizado peticiones a sus ministros que calificó como “extorsiones”, y solicitó a los jefes de cartera declarar ante la Corte Suprema de Justicia, el mandatario regresó al país en la madrugada de este jueves. Inmediatamente, convocó a una reunión con los ministros en la Casa de Nariño con el objetivo de unificar el relato sobre las peticiones de la congresista y coordinar la respuesta del Ejecutivo. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. En esta reunión, se podría incluir documentación que, según el Gobierno, probaría un intento de extorsión por parte de la congresista.
Reacción del ministro de Trabajo
Tras conocerse la petición del presidente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aconsejó a la representante Arizabaleta “que sea más previsora antes de incurrir en prevaricato”, haciendo alusión a que la compañía de seguros estatal sería una de las entidades donde la congresista habría realizado peticiones.
Suspensión de Arizabaleta por la Procuraduría
Mientras esto ocurría, la Procuraduría General de la Nación suspendió a la presidenta de la Comisión de Acusación por presunto prevaricato, al haber emitido el auto que solicitaba la suspensión inmediata del presidente Petro sin el debido proceso y sin considerar que, por su fuero especial como primer mandatario, cualquier sanción debe pasar previamente por un juicio político que requiere la votación de la Cámara y el Senado.
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