La campaña del candidato presidencial Iván Cepeda presentará este martes una denuncia penal contra el abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la liquidada EPS Saludvida. Así lo confirmó la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Cepeda, en el programa Mañanas Blu.
Detalles de la denuncia
Según Pizarro, la acción legal busca determinar si la firma de De La Espriella recibió un pago de 18.000 millones de pesos con recursos destinados exclusivamente a la salud de los afiliados. “Los recursos del sector salud públicos son para la atención de los usuarios, y la ley lo establece”, enfatizó la congresista. El contrato de defensa jurídica de 2018 habría incluido 3.000 millones de pesos en honorarios y una prima de éxito de 15.000 millones.
Los delitos que se denunciarán formalmente incluyen administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.
El caso de la EPS Saludvida
La EPS Saludvida, que llegó a tener 1,2 millones de afiliados en regiones como Antioquia, Tolima y Boyacá, fue intervenida en 2018 y liquidada definitivamente en 2023. La denuncia sostiene que los millonarios pagos se habrían realizado con recursos parafiscales mientras la entidad estaba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud.
Pizarro argumentó que la ley prohíbe usar fondos públicos de la salud para costear litigios jurídicos particulares de estas empresas. Además, el documento advierte sobre un presunto ocultamiento de patrimonio mediante el traslado de activos e inmuebles de la EPS, valorados en 164.000 millones de pesos, hacia una sociedad en Panamá.
Vinculaciones en el entorno de De La Espriella
El expediente de la campaña incluye un organigrama de personas vinculadas al entorno del candidato De La Espriella. Destaca Joaquín Gutiérrez, actual jefe de la campaña de De La Espriella, señalado por presunta participación en empresas del sector salud que habrían recibido dineros de las EPS cuestionadas.
Ante las críticas sobre el momento político de la denuncia, a pocos días de las elecciones, Pizarro afirmó que la obligación del equipo es entregar la información a los jueces. “Son las autoridades las que deben esclarecer si existió algún delito”, concluyó la legisladora, defendiendo el proceder del candidato Cepeda.
