El Parlamento Europeo dio este miércoles el visto bueno definitivo al "Reglamento de Retorno", una estricta reforma que consolida el giro más duro y restrictivo en la política migratoria del bloque en décadas.
Votación y divisiones políticas
La votación en la cámara de Estrasburgo, con 418 votos a favor, 218 en contra y una treintena de abstenciones, expuso las profundas divisiones políticas del continente al otorgar poderes de detención inéditos a las autoridades y dar luz verde a la expulsión de migrantes irregulares hacia terceros países.
Centros de retorno fuera de la UE
La medida más polémica del nuevo reglamento es la creación de "centros de retorno" ubicados fuera de las fronteras de la Unión Europea, gestionados mediante convenios económicos con países no pertenecientes al bloque. Según Euronews, estas instalaciones funcionarán de dos maneras: como centros de tránsito temporal mientras se gestiona la repatriación de los migrantes sin derecho legal a permanecer en suelo europeo, o como lugares de confinamiento prolongado en caso de que su país de origen no los reciba, lo que los críticos definen como "limbos jurídicos" sin límite de tiempo.
Bajo la nueva ley, solo los menores de edad no acompañados quedarán exentos de ser enviados a estas zonas de deportación. Las familias con hijos sí podrán ser trasladadas a estos complejos externos. Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y los Países Bajos ya exploran activamente terrenos para su construcción, según la AFP. "Nuestro objetivo es concluir los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que puedan estar operativas en 2027", detalló Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia.
Plazos de detención y vetos de reingreso
El nuevo reglamento extiende sustancialmente los plazos de privación de libertad para las personas en situación irregular en espera de ser devueltas a sus países. El periodo máximo legal de detención obligatoria se eleva de seis meses a dos años, con una posible prórroga de seis meses adicionales para quienes obstaculicen el proceso o se considere que tienen riesgo de fuga. Las autoridades determinaron que el tiempo de reclusión podrá ser de duración ilimitada para todas aquellas personas que los servicios de inteligencia cataloguen como un riesgo para la seguridad nacional. Paralelamente, los vetos de reingreso a territorio europeo se duplicarán, pasando de una sanción estándar de cinco años a 10 años en la mayoría de los casos, abriendo la puerta a prohibiciones de entrada de por vida bajo criterios de "seguridad nacional".
Herramientas de control policial y judicial
La reforma también endurece drásticamente las herramientas de control policial y judicial en el territorio comunitario, permitiendo prácticas de inspección que antes eran impensables dentro del marco legal de la UE. Las autoridades de cada país ahora están facultadas para ingresar al "lugar de residencia u otros locales pertinentes" de los migrantes en situación irregular de forma preventiva. Además, se elimina la suspensión automática de deportación. Actualmente, si un migrante apela legalmente su expulsión, el proceso se congela de inmediato. Desde ahora, los tribunales decidirán caso por caso si el solicitante puede quedarse en el país mientras se resuelve su recurso.
Alianza parlamentaria y acusaciones de politización
La aprobación de la ley consolida una nueva y robusta alianza parlamentaria volcada hacia la derecha en la Eurocámara, impulsada por el avance electoral de sectores conservadores ante el cambio de la opinión pública europea. El Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, se alineó con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), los ultraderechistas Patriotas (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) para sacar adelante el proyecto, que también recibió votos del sector liberal de Renovar Europa. Al anunciarse el resultado, mientras los eurodiputados izquierdistas gritaban "vergüenza", sectores de la derecha respondieron coreando abiertamente "mándenlos de vuelta". "Este reglamento deja claro que somos nosotros, y no los traficantes, quienes decidimos quién puede quedarse en la Unión Europea y quién debe marcharse", defendió Magnus Brunner, comisario europeo de Migración.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
El bloque opositor, compuesto por los Socialistas, los Verdes y la Izquierda, junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil, han calificado la reforma como un retroceso humanitario sin precedentes. Ana Catarina Mendes, vicepresidenta de los Socialistas y Demócratas (S&D), denunció que el reglamento "corre el riesgo de normalizar prácticas jurídicamente cuestionables que habrían sido impensables en la UE hace solo unos años". Por su parte, el eurodiputado Alessandro Zan tildó la jornada como "un capítulo oscuro para Europa", advirtiendo que la autorización para registrar viviendas evoca "las redadas invasivas al estilo del ICE estadounidense durante la era Trump". Desde el plano humanitario, Maria Nyman, representante de la organización Caritas, alertó que criminalizar a la población migrante mediante detenciones prolongadas y confiscaciones solo servirá para atomizar la cohesión social y alimentar la polarización radical dentro del continente.
La ley requiere ahora la ratificación formal de los Estados miembros para su entrada en vigor definitiva.
