Universidades colombianas se oponen a impuesto al patrimonio que amenaza recursos educativos
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) ha presentado una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional solicitando la declaración de inexequibilidad del Decreto 0173, expedido en el marco de la emergencia económica, que busca aplicar un cobro del 0,50% sobre el patrimonio a las universidades privadas del país.
Impacto económico calculado en $135.000 millones
Según datos revelados por el Observatorio de la Universidad Colombiana, un total de 92 instituciones de educación superior cumplen con el umbral establecido por el Gobierno Nacional para hacer efectivo este gravamen, el cual se fija en $10.474 millones, equivalente a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT).
El cálculo preliminar indica que el impacto financiero de esta nueva carga tributaria ascendería a aproximadamente $135.000 millones, recursos que actualmente las universidades destinan a sus propósitos misionales en materia educativa y científica.
Recursos que dejarían de destinarse a educación
En su acción jurídica, Ascun argumenta que "la imposición de un impuesto al patrimonio sobre los bienes de las universidades constituye una interferencia directa en su autonomía financiera", ya que obligaría a estas instituciones a desviar fondos que deberían orientarse exclusivamente al cumplimiento de su misión educativa hacia el pago de obligaciones fiscales.
La asociación sostiene que el Gobierno no proporcionó explicaciones suficientes sobre las razones para incluir a las universidades dentro de este impuesto, especialmente considerando que se trata de entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la formación académica y la investigación.
Consecuencias directas en acceso a educación superior
El efecto más inmediato de aplicar esta nueva carga tributaria se reflejaría en la capacidad de las universidades para:
- Cubrir cupos en educación superior para estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos
- Financiar programas de becas y apoyos estudiantiles
- Mantener la calidad académica frente a restricciones presupuestales
Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun, ha señalado que este costo tributario se sumaría a otros factores adversos que ya enfrentan las instituciones de educación superior, como:
- La caída sostenida en las matrículas estudiantiles
- El aumento en las nóminas derivado del ajuste del 23,7% en el salario mínimo
- La presión inflacionaria sobre los costos operativos
La intervención ciudadana ya se encuentra radicada ante la Corte Constitucional, donde se espera que los magistrados analicen los argumentos presentados por Ascun y tomen una decisión que balancee las necesidades fiscales del Estado con la protección del sistema educativo colombiano.
