Justicia ordena posesionar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional
En un fallo histórico que marca un precedente en la autonomía universitaria colombiana, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional que, en un plazo máximo de 48 horas, adopte todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de José Ismael Peña Reyes como rector en propiedad de la institución.
Revocación de fallo anterior y orden perentoria
El alto tribunal revocó completamente la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones de Peña Reyes y determinó que el Acta 05 del 21 de marzo de 2024, mediante la cual fue elegido rector, mantiene plena vigencia jurídica. La magistrada ponente Luz Marina Ibáñez Hernández firmó la providencia que establece que la administración universitaria vulneró derechos fundamentales al impedirle asumir el cargo mediante lo que calificó como "una vacancia artificial".
La decisión judicial desmontó completamente la tesis del CSU, que había designado a Andrés Felipe Mora Cortés como rector encargado mediante la Resolución 132 del 24 de noviembre de 2025. El Tribunal advirtió que esta maniobra administrativa ignoró deliberadamente que la elección de Peña nunca fue anulada por la justicia contencioso-administrativa.
Crítica a la interpretación universitaria de fallos previos
Uno de los aspectos más contundentes de la sentencia recayó sobre la interpretación que la Universidad Nacional dio a pronunciamientos anteriores del Consejo de Estado. La institución educativa había argumentado que, como el alto tribunal no ordenó explícitamente el reintegro de Peña en su fallo del 4 de septiembre de 2025, existía una vacancia que debía suplirse.
Sin embargo, el Tribunal Superior calificó esta postura como "errónea" y "una lectura inadecuada" del alcance del fallo. Explicó detalladamente que el Consejo de Estado se limitó a negar la nulidad de la elección de Peña, lo que ratificó su validez, y aclaró que no ordenó el reintegro simplemente porque esa no era la competencia del juez electoral en ese momento específico.
Además, el Tribunal recordó que el mismo Consejo de Estado anuló el 20 de noviembre de 2025 la elección de Leopoldo Múnera, quien había reemplazado inicialmente a Peña, dejando absolutamente claro que el CSU carecía de competencia para modificar decisiones electorales ya tomadas y formalizadas.
Límites a la autonomía universitaria
La sentencia profundizó significativamente en el delicado equilibrio entre la capacidad de autoorganización de la universidad y el respeto irrestricto al debido proceso constitucional. El fallo subrayó que, aunque la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria, esta importante prerrogativa no faculta bajo ninguna circunstancia a los entes educativos para bloquear los efectos de una elección válida mediante actos administrativos posteriores.
Al respecto, la Sala Laboral enfatizó categóricamente que "la autonomía no puede convertirse en un mecanismo para desplazar la presunción de legalidad de un acto que permanece vigente". Esta declaración establece un precedente fundamental para futuros casos similares en el sistema educativo colombiano.
Protección contra perjuicios irremediables
El Tribunal también desestimó completamente el argumento de que Peña debía acudir a un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual podría extenderse por varios años. Los magistrados concluyeron unánimemente que someter al rector electo a esa prolongada espera configuraría un "perjuicio irremediable", dado que el periodo institucional 2024-2027 se está agotando progresivamente y el daño al derecho a ejercer funciones públicas es actual, continuo y de consecuencias inmediatas.
La providencia estableció específicamente que "la decisión de no avanzar en el trámite para que el tutelante ejerza el cargo de Rector siendo elegido para ello, implica desconocer los efectos jurídicos de un acto propio vigente", violando directamente el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia.
Orden concreta y plazo perentorio
El fallo final revocó íntegramente la sentencia de primera instancia y concedió el amparo constitucional solicitado, ordenando al CSU que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, "adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de Rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes".
Esta decisión judicial representa un hito en la defensa de los procesos electorales universitarios y establece límites claros a la interpretación de la autonomía institucional, garantizando que los derechos de quienes resultan elegidos democráticamente sean respetados y cumplidos sin dilaciones injustificadas.
