Fallo judicial obliga al gobierno argentino a aplicar ley universitaria y recomponer salarios
El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo revés judicial en el ámbito educativo. La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó definitivamente la apelación presentada por la administración nacional y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Detalles del fallo y alcance de la medida
La medida cautelar, que fue dictada originalmente el año pasado por el juez federal Enrique Cormick, exige al gobierno cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Estos artículos específicamente obligan a la actualización de los salarios tanto para docentes como para personal no docente de todas las universidades públicas argentinas.
El ajuste salarial debe aplicarse retroactivamente desde diciembre de 2023, fecha en la que debería haber comenzado la implementación según la normativa. La ley en cuestión fue finalmente sancionada en septiembre de 2025, tras un extenso proceso legislativo que incluyó incluso la superación de un veto presidencial.
Argumentos del tribunal y crítica a la postura gubernamental
Los jueces del tribunal federal calificaron como "poco serios" los argumentos presentados por el Estado en su intento de evitar la aplicación de la ley. En su fallo, destacaron varios puntos fundamentales:
- El impacto fiscal de la medida cautelar es bajo y no afecta negativamente el interés público
- Lo que está en juego es el derecho a la educación universitaria de calidad en Argentina
- El proceso legislativo había concluido definitivamente con la insistencia de ambas cámaras del Congreso
El tribunal cuestionó directamente la estrategia del gobierno de Javier Milei, que pretendía "dilatar la implementación de la ley 27.795 basándose en el artículo 5 de la ley 24.629", una norma de jerarquía inferior según los magistrados.
Principios jurídicos aplicados y urgencia reconocida
Los jueces aplicaron un principio jurídico clásico para fundamentar su decisión: "una norma posterior puede derogar una anterior". Con este argumento, descartaron que el gobierno pueda frenar una ley vigente invocando otra normativa previa.
La urgencia de la medida ocupó un lugar central en la argumentación del fallo. Los magistrados sostuvieron que está acreditado un perjuicio concreto y actual que incluye:
- El deterioro significativo de los ingresos del colectivo afectado
- La pérdida salarial acumulada que impacta directamente sobre docentes, no docentes y estudiantes
- Daños considerados "de imposible reparación ulterior"
Contexto y respaldo institucional
Esta acción judicial se enmarca dentro de un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario argentino. La presentación contaba con el respaldo explícito de más de 40 universidades públicas de todo el país, reflejando el amplio consenso dentro del sector educativo superior.
El fallo de la Cámara consolida un criterio institucional contundente: la ley universitaria ya fue sancionada, está vigente y debe cumplirse, sin que el Poder Ejecutivo pueda suspenderla por decisión propia. Los magistrados vincularon además el conflicto con derechos de jerarquía constitucional, advirtiendo que la falta de aplicación de la ley afecta directamente el derecho a enseñar y aprender.
Este pronunciamiento judicial llega en un contexto de comienzo tormentoso del año universitario, con paros y protestas en instituciones de educación superior públicas en diversas regiones de Argentina. El gobierno de Milei deberá ahora implementar las actualizaciones salariales ordenadas por la justicia federal.
