Propuesta ministerial genera debate sobre el futuro de la educación superior
En una reciente intervención mediática, el ministro de Educación, Daniel Rojas, generó controversia al proponer la eliminación de los exámenes de admisión para las universidades colombianas. Según su planteamiento, esta medida ampliaría el derecho a la educación superior para jóvenes que actualmente no logran ingresar al sistema. Sin embargo, especialistas en el sector educativo cuestionan profundamente esta iniciativa, señalando que distrae la atención de problemas estructurales más urgentes que afectan la calidad y permanencia estudiantil.
Cuatro argumentos contra la propuesta ministerial
Primer argumento: Falacias en las comparaciones internacionales
El ministro Rojas sostuvo que países como Francia, Reino Unido, China, Estados Unidos o Canadá no realizan pruebas de admisión en sus universidades. Esta afirmación resulta claramente inexacta, pues dichas naciones sí implementan evaluaciones estandarizadas al culminar la educación media. China utiliza el Gaokao, Estados Unidos el SAT, y Francia el Baccalauréat como mecanismos de selección universitaria.
Colombia cuenta con el mejor sistema de evaluación educativa de América Latina: las pruebas Saber 11, que miden competencias transversales de manera censal desde hace décadas. Paradójicamente, las entidades estatales no aprovechan adecuadamente este instrumento, mientras que universidades privadas sí lo utilizan para seleccionar estudiantes. El ministro haría mejor en promover el uso de estas pruebas en instituciones públicas, reconociendo que evalúan competencias esenciales como lectura crítica y pensamiento argumentativo.
Segundo argumento: La alarmante deserción universitaria
Colombia enfrenta una tasa de deserción universitaria cercana al 45%, donde casi la mitad de los estudiantes que ingresan no culminan sus estudios. El problema central no es el acceso, sino la permanencia. Antes de la pandemia, el 72% de los desertores pertenecían a estratos 1 y 2, y la mayoría provenía de colegios públicos. Estos jóvenes carecen de las herramientas de pensamiento, lectura y autonomía que exige la educación superior.
Durante un debate con la representante Catherine Juvinao, el ministro evidenció comprensión limitada de esta problemática, enfocándose en aumentar matrículas de primer semestre mientras ignoraba que el número total de estudiantes universitarios disminuía por la creciente deserción.
Tercer argumento: Desatención a la educación inicial y básica
Cualquier ministro con conocimientos educativos comprendería que no se mejora el derecho ni la calidad sin fortalecer los cimientos: la educación inicial y básica. Este gobierno ha quitado recursos y no ha aportado ideas innovadoras para estos niveles, concentrándose desproporcionadamente en la educación superior. La explicación parece política: los niños no votan, los jóvenes sí.
El mayor logro del ministro Rojas ha sido liderar la modificación de la Ley 30 de 1992, que garantizará más recursos para el sistema estatal de educación superior. Sin embargo, no aborda temas cruciales como calidad educativa, formación docente o transformaciones pedagógicas, incumpliendo además con la implementación del III Plan Decenal de Educación.
Cuarto argumento: Peligro de generalizar la promoción automática
Siguiendo la lógica ministerial, podríamos eliminar también calificaciones y exámenes en colegios y universidades, generalizando la promoción automática. Esto agravaría el deterioro de la ya débil calidad educativa. Los estudios confirman que resultados negativos en evaluaciones multiplican la probabilidad de deserción.
El propio ministro es ejemplo de esta dinámica: no aprobó su tesis de maestría en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional porque presentaba "debilidades en términos teóricos y de rigor conceptual". Sin este título, no podrá continuar estudios de doctorado y probablemente se retire del sistema educativo al culminar su ministerio.
Recomendaciones urgentes para el sector
En una columna anterior titulada "El MEN reprobó el año", se recomendó al ministro dedicarse a ampliar infraestructura y planificar sedes por construir, pues predominaban la improvisación y el desorden. El presidente Gustavo Petro reveló en febrero de 2025 que el Ministerio de Educación tenía un nivel de incumplimiento del 95% frente a sus compromisos.
La solicitud actual es clara: en los meses que restan, el ministro debería abstenerse de iniciar cambios al sistema educativo. Sería lo más conveniente para la educación del país, permitiendo consolidar lo avanzado sin introducir más incertidumbre.
Posdata sobre educación privada: Resulta paradójico que, mientras en casi todos los países la educación privada complementa la pública con apoyo estatal, en Colombia se haya exigido a universidades privadas un pago estimado de 135.000 millones de pesos en impuesto al patrimonio durante la emergencia económica de diciembre de 2025. Afortunadamente, la Corte Constitucional declaró inexequible esta medida, aunque ahora enfrentamos el complejo reto de devolver recursos que se quitaron a la calidad educativa para pagar impuestos declarados ilegales.
