Funcionaria Juliana Guerrero reaparece en elección de rector de la UPC mientras enfrenta proceso judicial
Juliana Guerrero reaparece en elección de rector UPC en medio de proceso judicial

Funcionaria reaparece en medio de investigación judicial por títulos académicos

La funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez reapareció públicamente en un video difundido tras la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el periodo 2026-2030. La grabación, compartida por la propia institución, muestra a Guerrero participando activamente en la sesión del Consejo Superior Universitario, donde se oficializó la designación del abogado Guillermo Andrés Echevarría Gil como máxima autoridad académica.

Elección rápida y cuestionamientos

La designación de Echevarría Gil se resolvió mediante una votación de cinco votos a favor y ninguno en contra dentro del Consejo Superior Universitario. Según información del encuentro, la sesión habría durado apenas cerca de ocho minutos, tiempo durante el cual se realizó la votación y se anunció oficialmente el resultado.

El presidente del Consejo Superior Universitario, Xavier Estrada Escudero, explicó que el nuevo rector asumirá la tarea de fortalecer el proyecto institucional de la universidad. "El objetivo es sacar adelante todo el proyecto universitario y colaborar para consolidar a la Universidad del Cesar como una institución más grande y poderosa que brinde mejores oportunidades a los jóvenes", afirmó Estrada en declaraciones citadas por la Revista Semana.

Sin embargo, la rapidez del proceso ha generado cuestionamientos en sectores académicos y estudiantiles que exigen mayor transparencia en las elecciones de autoridades universitarias.

Contexto político y vínculos

Tras conocerse el resultado de la votación, surgieron comentarios sobre el contexto político que rodea la elección. Según versiones citadas en medios nacionales, Echevarría Gil tendría cercanía con el representante a la Cámara por el Cesar Alfredo 'Ape' Cuello, dirigente del Partido Conservador con influencia política en el departamento.

Aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por la universidad, el tema ha sido mencionado en debates sobre la gobernanza y la autonomía de las instituciones de educación superior en la región del Cesar.

Investigación penal en desarrollo

La reaparición pública de Guerrero ocurre mientras avanza una investigación penal en su contra por presuntas irregularidades en la obtención de títulos académicos. La Fiscalía General de la Nación busca imputarle los delitos de:

  • Fraude procesal
  • Falsedad ideológica en documento público
  • Uso de documento falso

El caso se centra en dos títulos otorgados por la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública. Según las investigaciones, el título profesional habría sido obtenido en aproximadamente dos semanas sin presentar las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en programas universitarios en Colombia.

Inicialmente se argumentó que el diploma correspondía a una convalidación de estudios realizados en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), regional Cesar. Sin embargo, las indagaciones habrían encontrado que no existen registros de asistencia a clases ni evidencia del cumplimiento de requisitos académicos.

Ante estas inconsistencias, la Fundación Universitaria San José decidió anular el título profesional otorgado a la funcionaria. La audiencia de imputación fue programada para este martes 10 de marzo ante un juez de control de garantías en Bogotá, donde la Fiscalía presentará elementos probatorios y solicitará evaluar una posible medida de aseguramiento.

Participación institucional

En el video difundido por la UPC, se observa a Guerrero durante la sesión del Consejo Superior, en la que participó en calidad de delegada del presidente de la República ante ese organismo, que es la máxima instancia de gobierno de la universidad. Su presencia en este evento institucional ocurre a pocas horas de la audiencia judicial programada, generando reacciones encontradas sobre la compatibilidad entre sus funciones públicas y el proceso legal que enfrenta.