Alerta en el sector educativo por tributación a universidades privadas
La aplicación del Decreto 0173, que sometería a tributación a las instituciones de educación superior privadas a partir del 1 de abril de 2026, ha generado preocupación en el sector educativo colombiano. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) advierte que esta medida podría comprometer la sostenibilidad del sistema y afectar el acceso a la formación universitaria para más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en instituciones privadas en todo el país.
Impacto financiero y social
El Padre Harold Castilla Devoz, vicepresidente de Ascun, señaló que el nuevo gravamen introduce presiones financieras significativas sobre un sistema que opera con márgenes operativos limitados. "La reciente implementación del decreto revela una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación", afirmó el directivo, al referirse al tratamiento tributario de las instituciones privadas dentro del sistema educativo colombiano.
Según Castilla Devoz, el sistema de educación superior en Colombia funciona bajo un modelo mixto en el que participan instituciones públicas y privadas, el cual ha permitido ampliar la cobertura en distintas regiones del país. En ese contexto, indicó que equiparar a las instituciones privadas con empresas comerciales desconoce su estructura organizacional y su forma de operación.
"Las instituciones de educación superior privadas son entidades sin ánimo de lucro que no distribuyen utilidades ni reparten dividendos", explicó. El directivo sostuvo que los recursos generados por las universidades se destinan al fortalecimiento institucional y al desarrollo académico.
Reinversión en educación y ampliación de cobertura
Castilla Devoz detalló que los excedentes, cuando los hay, se reinvierten en:
- Infraestructura educativa
- Investigación científica
- Bienestar estudiantil
- Subsidios educativos
- Tecnología educativa
- Expansión territorial
Desde su perspectiva, las instituciones privadas han desempeñado un papel fundamental en la ampliación de la cobertura educativa en territorios donde la oferta pública no alcanza a cubrir la demanda. El impacto potencial de la medida se refleja en el tamaño del sistema educativo privado, que actualmente atiende a más de 1,2 millones de estudiantes en todo el territorio nacional.
Casos específicos y preocupaciones sectoriales
Entre los casos mencionados por el sector se encuentra Uniminuto, institución que reporta más de 90.000 estudiantes matriculados y presencia educativa en 52 municipios mediante oferta presencial y virtual. La institución señala que su modelo está orientado a atender principalmente a estudiantes de ingresos bajos y medios en territorios con limitaciones de acceso a educación superior.
Las instituciones advierten que cualquier presión tributaria adicional podría afectar su capacidad de inversión y operación. "No es justo y es conceptualmente equivocado presentar a las universidades como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social", expresó Castilla Devoz al referirse al papel de estas instituciones en la ampliación del acceso educativo.
Confusión conceptual y efectos sobre estudiantes
El directivo también señaló que en el debate público se estaría confundiendo el concepto de ingresos con el de utilidades dentro del funcionamiento de las universidades. "Se está confundiendo ingresos con utilidades, ignorando que la educación no puede convertirse en una variable de ajuste fiscal ni en un símbolo ideológico", indicó.
En ese contexto, Ascun plantea que los efectos de la medida recaerían directamente sobre los estudiantes y sus familias. "La paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades", advirtió el vicepresidente de la organización.
Llamado al diálogo y consideraciones finales
Ante la entrada en vigor del impuesto prevista para el 1 de abril, el sector educativo planteó la necesidad de abrir un espacio de diálogo con el Gobierno para revisar los efectos de la medida y evaluar alternativas que permitan preservar la sostenibilidad financiera de las instituciones. Según Ascun, la discusión debe considerar el papel de la educación superior como instrumento de movilidad social y desarrollo territorial.
Castilla Devoz concluyó que el debate sobre el tratamiento tributario de las universidades debe desarrollarse con criterios de transparencia y rendición de cuentas, pero teniendo en cuenta la función social que cumplen dentro del sistema educativo. "La sostenibilidad del modelo depende de entender que la educación es un instrumento central de movilidad social", afirmó el representante de Ascun, enfatizando la importancia de mantener el acceso educativo para todos los colombianos.
