Una crisis evitable que paraliza la educación superior
La pregunta central no es retórica ni ingenua: ¿a quién beneficia realmente el paro en la Universidad Nacional de Colombia? Para responder con precisión, debemos remontarnos al origen de esta crisis, porque lo que Colombia ha presenciado durante los últimos veinte meses no fue un conflicto inevitable ni un choque natural de fuerzas democráticas. Fue el resultado calculado, o en el mejor de los casos negligente, de una decisión del Gobierno nacional de ignorar la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de 1991 y en la Ley 30 de 1992.
El origen institucional del conflicto
El 21 de marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario eligió legítimamente al profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional. El proceso se ajustó a los estatutos, a la jurisprudencia y al espíritu de una autonomía universitaria construida durante décadas de lucha. Lo que debió seguir era simple: posesión del rector electo, continuidad institucional y normalidad académica. Sin embargo, lo que siguió fue una cadena de decisiones gubernamentales que ignoraron actos administrativos en firme, alteraron la composición del Consejo Superior y culminaron en la designación posterior del profesor Leopoldo Múnera, en abierta transgresión de las reglas establecidas.
La experta en educación Edna Bonilla diagnosticó correctamente: lo que debió resolverse dentro de los cauces institucionales derivó en una cadena de violaciones al debido proceso. El Consejo de Estado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunciaron al respecto. En sentencia del 17 de febrero de 2026, este último ordenó al Consejo Superior que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, hiciera efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor Peña Reyes. No hubo ambigüedad posible. El 19 de febrero, el Consejo Superior cumplió por unanimidad. Dos años perdidos para volver exactamente al punto de partida. Dos años que ningún estudiante, ningún investigador, ninguna familia colombiana recuperará jamás.
Esta es la raíz del problema: no un debate académico ni pedagógico, sino la instrumentalización política de la universidad pública más importante del país. Y cuando una institución es instrumentalizada desde el poder, quienes pagan el precio son siempre los más vulnerables.
Las cifras del daño: 54.596 personas afectadas directamente
Cuando se habla del paro en la Universidad Nacional, es crucial identificar quiénes sufren sus consecuencias reales. La institución tiene hoy 54.596 estudiantes matriculados. De ellos, 48.633 (90% del total) cursan programas de pregrado. Son jóvenes colombianos, muchos de ellos primeros en su familia en acceder a la educación superior, que llegaron a la Nacional no porque sea fácil, sino porque es lo mejor que Colombia ofrece en calidad sin cobrar fortunas.
El presupuesto total de la universidad asciende a 3,28 billones de pesos anuales. Dividido entre los 365 días del año, cada día de inactividad representa un costo para la nación de más de 9.000 millones de pesos. Si el cálculo se hace sobre días laborales (243 al año), la cifra asciende a 13.538 millones de pesos por día. No se trata de dinero abstracto: es el valor de laboratorios que no se usan, de clases que no se dictan, de investigaciones interrumpidas, de procesos de grado que se suspenden, de proyectos científicos que pierden momentum mientras el mundo avanza.
La brecha que se ensancha
Comparemos con universidades como Los Andes, Rosario o Javeriana, instituciones privadas de alta calidad, que forman a sus profesionales en cuatro años con una cadencia que no se interrumpe. Sus estudiantes, con todos los privilegios económicos que eso implica, salen al mercado laboral más rápido, con currículos completos, con redes profesionales consolidadas. Nadie les pide que sacrifiquen su formación por disputas políticas que ellos no generaron. Los estudiantes de la Nacional, mientras tanto, ven cómo sus carreras se alargan, sus calendarios se distorsionan, la brecha entre ellos y sus pares privados se ensancha cada vez que una minoría politizada decide que el paro es el instrumento para presionar algo que debió resolverse en un tribunal, y que en efecto ya fue resuelto allí.
Las familias que tienen hijos en la Nacional no pagan matrículas como en las privadas, pero sí hacen sacrificios reales. Quienes vienen de provincia pagan el arriendo de un cuarto en Bogotá o transfieren cada quincena el sustento de sus hijos. El estudiante provinciano que renunció a un trabajo para preparar su admisión. Para esas familias, un paro no es un gesto político: es un mes más de gasto sin retorno educativo, es un semestre perdido, es la deserción que se convierte en estadística silenciosa.
El paro como instrumento electoral: activismo que nadie eligió
Hay que decirlo con claridad, porque no todos son activistas políticos que obedecen una directriz o ya tienen resuelto cuál es su proyecto de vida: el paro en la Universidad Nacional no tiene como destinatarios a los estudiantes. Tiene como destinatarios las agendas electorales. Es un activismo recalentado, anacrónico que reivindica métodos ya superados que mucho daño le hicieron a la universidad pública y al derecho fundamental a la educación. Puede ser rentable en el corto plazo para el partido o movimiento, el mantener viva una temperatura política que beneficia a quienes la alimentan, pero no a la mayoría que la padece.
El argumento de que el paro es una herramienta pedagógica que enseña a los jóvenes la realidad social es, en el mejor de los casos, una ingenuidad; en el peor, una manipulación. La realidad social no se aprende parando clases: se aprende estudiando, investigando, debatiendo, leyendo, construyendo pensamiento crítico. Los estudiantes de la Nacional entienden perfectamente su papel político y social; no necesitan que nadie les enseñe con una paralización institucional lo que pueden aprender con mucha más profundidad en un aula, en un laboratorio o en un semillero de investigación. El paro no educa: interrumpe. No politiza en el sentido constructivo: instrumentaliza. Y lo hace, sobre todo, en beneficio de quienes ya tienen garantizado su propio futuro, no de quienes lo están construyendo con enorme esfuerzo.
Preguntas al Ministerio de Educación
Vale entonces la pregunta directa al Ministerio de Educación y a los delegados del presidente: ¿cómo garantizan el derecho fundamental a la educación, la meta legítima de aumentar cobertura, bajar los índices de deserción, buscar la inclusión social y al mismo tiempo no violar la autonomía universitaria que en tantas décadas hemos logrado conquistar? Pero sobre todo al ministro; su rol le impone una obligación distinta y anterior: ¿qué ha hecho desde ese cargo, para que los 48.633 jóvenes de pregrado de la Universidad Nacional regresen a sus aulas, recuperen su tiempo perdido y no sigan pagando con su formación los costos de una crisis que el Gobierno nacional fabricó? El derecho a movilizarse no exime al funcionario de responder por los estudiantes que están bajo su responsabilidad. Así como la defensa de los recursos públicos que pagan todos los colombianos, incluso los que no han alcanzado un cupo en la universidad. La pregunta no es ideológica: es institucional.
Los líderes del activismo universitario que promueven el cese indefinido de actividades rara vez son quienes más tienen que perder. Los estudiantes que votan el paro en asambleas con quórum cuestionable, bajo presiones simbólicas y retóricas que dificultan la discrepancia, son frecuentemente los que más tienen que ganar con el regreso a clases. Esta asimetría entre quienes deciden y quienes pagan es el núcleo moral del problema.
Lo que se pierde cuando para una universidad de calidad
Imaginemos por un momento que Oxford decide paralizar sus actividades por una disputa sobre quién debe dirigir la institución. Que Harvard suspende sus laboratorios mientras resuelve una controversia administrativa en su consejo directivo. La comunidad académica respondería con incredulidad. Nadie en esas instituciones aceptaría que la respuesta a un conflicto de gobernanza es detener la producción de conocimiento que define la razón de ser de la universidad.
La Universidad Nacional no es Oxford ni Harvard en recursos, pero sí aspira a serlo en rigor y en impacto social. Sus investigadores trabajan en vacunas, en biodiversidad, en paz territorial, en tecnología para la agroindustria, en historia y memoria. Cuando para la universidad, no para solo la burocracia; para la ciencia colombiana. Paran los proyectos de doctorado financiados con recursos escasos. Paran los ensayos clínicos. Paran los artículos que alimentan el acervo de conocimiento nacional. Cada día de paro es conocimiento que no se produce, que no se publica, que no contribuye al cambio social.
Los docentes e investigadores, cuya vocación es acumular y transmitir conocimiento, ven sus proyectos congelados, sus cronogramas rotos, su productividad académica sacrificada en el altar de una disputa que, como quedó demostrado, tenía solución jurídica clara y pronta. La institución sufre además un daño reputacional profundo: en el imaginario social, nuestra Alma Mater comienza a verse no como el motor intelectual de la nación, sino como un costo sin garantía de retorno. Esa percepción, una vez instalada, es difícil de desmontar.
La verdadera discusión: problemas estructurales de la educación
La pregunta sobre quién debe ser rector de la Universidad Nacional fue respondida por el Consejo Superior, confirmada por los tribunales y resuelta el 19 de febrero de 2026. Esa discusión terminó. Lo que no ha terminado, lo que en realidad nunca ha comenzado con la seriedad que merece, es abordar los problemas estructurales de la educación superior colombiana. Y ese sí es un debate que vale la pena dar con urgencia, informado y con propuestas concretas.
Colombia tiene hoy cuatro de cada diez jóvenes viviendo en pobreza multidimensional. La deserción escolar ocurre con dramática frecuencia antes de que los jóvenes lleguen a los grados décimo y undécimo, no cuando llegan a la universidad. Las zonas periféricas del país donde la pobreza se combina con la violencia y el narcotráfico, producen generaciones enteras de jóvenes que nunca acceden a la educación superior, no por falta de talento sino por ausencia del Estado. Los que llegan, llegan con brechas de aprendizaje que el sistema universitario no está equipado para cerrar, acompañado de carencia de oportunidades.
Preguntas urgentes sin respuesta
¿Dónde está el debate sobre la alfabetización inicial, sobre garantizar que el 100% de los niños colombianos lean comprensivamente al terminar tercer grado? ¿Dónde la discusión sobre modelos flexibles de educación media que conecten con el mercado laboral y con la educación superior? ¿Dónde el análisis sobre cómo la conectividad de alta velocidad puede permitir que un joven de Putumayo acceda a los mismos contenidos que un joven en Bogotá? Estos interrogantes no tienen espacio en una asamblea de paro. Tienen respuesta en los datos, en la investigación pedagógica, en el diseño de políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales.
La educación superior colombiana necesita una reforma de fondo: nuevas carreras que respondan a las transformaciones tecnológicas del siglo XXI, modalidades híbridas y virtuales que rompan las barreras geográficas, sistemas de financiamiento que sigan al estudiante y no a la burocracia, y una cultura de evaluación basada en evidencia que permita corregir en tiempo real, no años después. Ninguno de esos objetivos se logra con el paro. Todos se alcanza construyendo.
La universidad que Colombia merece
La Universidad Nacional existe para formar ciudadanos, producir conocimiento al servicio de la nación. Sus egresados van a construir puentes, curar enfermedades, diseñar política pública, escribir la literatura que nos identifica como pueblo, a desarrollar las tecnologías que harán más productiva nuestra economía. Esa misión es grande, urgente, necesaria para ser secuestrada por agendas mezquinas, por revanchismos institucionales o por los cálculos políticos de quienes ven en la universidad un tablero más donde mover sus fichas.
Los valores que debe reproducir la universidad no son los del ventajismo ni los del revanchismo. Son los del rigor intelectual, la solidaridad con los más vulnerables, el compromiso con la verdad, la capacidad de disentir con argumentos y no con bloqueos. Una universidad que forma en esos valores produce ciudadanos que transforman las realidades que el paro, paradójicamente, dice querer cambiar: la pobreza, la corrupción, la guerra, el narcotráfico, la exclusión.
El mundo que nos espera no es el siglo XX: es el de la inteligencia artificial, la transición energética, la biotecnología, la economía del conocimiento. Los jóvenes colombianos que hoy están paralizados en la Nacional tienen el potencial de participar de esa transformación global, de liderar desde el Sur global debates que hoy se dan en el Norte. Necesitan laboratorios activos, mentores presentes, currículos actualizados, conexión con el mundo. Necesitan que la institución que los acoge funcione abierta al mundo del conocimiento.
La pregunta inicial tiene una respuesta que no debería sorprender a nadie: el paro no les sirve a los estudiantes. No les sirve a las familias que hacen sacrificios para sostenerlos. No les sirve a los investigadores cuyo trabajo es producir conocimiento con impacto real. No le sirve a Colombia, que necesita con urgencia que la universidad pública sea un foro de debate, no un campo de combate.
Colombia necesita soñar en grande con su educación. Grande en cobertura, calidad, equidad, y pertinencia. Grande en la convicción de que un joven de cualquier rincón del país, del Amazonas a La Guajira, de los Llanos al Pacífico, merece la misma oportunidad de ser participe del futuro. Eso no se logra con paros. Se logra con trabajo, con instituciones que funcionen, con gobiernos que respeten las reglas, y con una comunidad universitaria que entienda que su poder más grande no es la capacidad de parar, sino la capacidad de transformar.
