MinEducación fija reglas claras para adquisición de útiles y uniformes escolares en 2026
Con el inicio del año escolar 2026, miles de estudiantes han retomado sus actividades académicas en todo el país, mientras que padres y acudientes enfrentan el proceso de adquisición de materiales educativos requeridos por las instituciones. En este contexto, el Ministerio de Educación ha emitido una circular con disposiciones específicas que buscan regular esta práctica común en el sistema educativo colombiano.
Circular 002 de 2026: Libertad de elección para familias
Mediante la Circular 002 de 2026, el Ministerio de Educación ha establecido normativas precisas que deben ser implementadas por todas las instituciones académicas del territorio nacional. La disposición central establece que los materiales que conforman las listas de útiles escolares no podrán ser adquiridos obligatoriamente en establecimientos específicos, otorgando así libertad de elección a las familias.
"En ningún caso se podrá imponer a las familias o acudientes la obligación de adquirir los materiales en el establecimiento educativo, en negocios propios de las asociaciones de padres de familia o de miembros de estas, o en aquellos con los que se establezcan convenios", señala explícitamente el documento ministerial.
Uniformidad en los uniformes: Prohibición de monopolios
De manera similar, la circular establece que los uniformes escolares tampoco podrán ser adquiridos de manera obligatoria en negocios específicos, ya sean propiedad de las asociaciones de padres o establecimientos con convenios especiales. Esta medida busca evitar prácticas comerciales restrictivas que puedan afectar económicamente a las familias colombianas.
"Tampoco podrán imponer a las familias la obligación de adquirir uniformes en negocios propios de la asociación o de miembros de esta, o en aquellos con los que se establezcan convenios", precisa el texto, haciendo referencia al ordinal b) del artículo 2.3.4.12 del Decreto 1075 de 2015.
Responsabilidad en el uso y custodia de materiales
Otro aspecto fundamental de la normativa establece que los útiles escolares deberán permanecer bajo custodia de los estudiantes y sus acudientes, ya que las instituciones educativas no pueden apropiarse de estos elementos para uso institucional. Esta disposición busca garantizar que los materiales sean efectivamente utilizados en los procesos de enseñanza individual de cada estudiante.
Las listas de útiles deben estar estrictamente alineadas con el plan de estudios que se desarrollará durante el año académico 2026, evitando así la inclusión de elementos innecesarios o ajenos a los procesos educativos formales.
Mecanismos de denuncia y supervisión
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el Ministerio de Educación ha establecido mecanismos de control y denuncia. Los padres que consideren que se les han solicitado elementos ajenos al plan de estudios, o que se vean obligados a realizar compras en establecimientos específicos, podrán presentar sus denuncias ante las entidades de control correspondientes.
"Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas deberán velar por el cumplimiento de las normas en materia de tarifas y materiales educativos y, en caso de evidenciar algún incumplimiento, deberán iniciar las actuaciones establecidas en la ley", enfatiza la cartera educativa.
Contexto del regreso a clases 2026
Esta normativa se emite en un momento crucial del calendario académico, cuando miles de familias colombianas se preparan para el inicio del año escolar. La medida busca no solo regular aspectos comerciales, sino también garantizar la transparencia y equidad en los procesos educativos, especialmente considerando que las matrículas escolares y universitarias podrían aumentar aproximadamente un 5,10% tras el incremento del salario mínimo.
El Ministerio de Educación ha sido enfático en señalar que estas disposiciones forman parte de un esfuerzo integral por mejorar la calidad educativa y proteger los derechos económicos de las familias colombianas, estableciendo un marco regulatorio claro para una práctica que afecta a millones de estudiantes en todo el país.
