Fundación San José enfrenta sanciones severas por escándalo de títulos y caso Juliana Guerrero
San José enfrenta sanciones por escándalo de títulos y caso Guerrero

Fundación San José enfrenta sanciones severas por escándalo de títulos y caso Juliana Guerrero

El Ministerio de Educación ha impuesto medidas de vigilancia especial a la Fundación San José, consideradas las más rigurosas para instituciones de educación superior, tras el escándalo de irregularidades en la entrega de títulos académicos, incluyendo el caso de Juliana Guerrero. Esta decisión marca un nuevo capítulo que podría derivar en sanciones aún más graves para la institución y sus funcionarios.

Medidas de vigilancia especial y posibles consecuencias

Con la orden de vigilancia especial, se inicia un proceso de seguimiento permanente y directo sobre la gestión institucional. El Ministerio anunció la designación de una inspectora in situ que supervisará las actividades académicas, administrativas y financieras de la fundación. Además, la institución deberá formular y ejecutar un plan de mejoramiento obligatorio para corregir las fallas identificadas.

La Ley 1740 de 2014, que regula este proceso, faculta al Ministerio a tomar acciones adicionales si se presentan obstáculos, incluyendo:

  • Reemplazo de consejeros, directivos o representantes legales
  • Suspensión de registros calificados de programas académicos
  • Manejo directo de recursos en caso de irregularidades financieras

Este escenario podría considerarse una intervención de la institución, similar a lo ocurrido con la Universidad Autónoma de Colombia en años anteriores.

Posibles sanciones a la institución y funcionarios

El Ministerio de Educación ya formuló un pliego de cargos contra la Fundación San José y dos funcionarios específicos: la rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez. Las actuaciones se relacionan con presuntos incumplimientos graves, incluyendo posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos sin cumplir requisitos legales como las pruebas Saber Pro.

Los investigados tienen un plazo de 30 días para presentar descargos y pruebas antes de que el Ministerio adopte una decisión final sobre las sanciones.

Tipos de sanciones contempladas por la ley

La Ley 1740 establece sanciones claras que pueden aplicarse según la gravedad de los hechos:

Para funcionarios individuales:

  1. Amonestación privada o pública
  2. Multas personales de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales
  3. Suspensión en el ejercicio del cargo por hasta 2 años
  4. Separación del cargo
  5. Inhabilidad de hasta 10 años para ejercer cargos o contratar con instituciones educativas

Para la institución:

  1. Multas institucionales de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales
  2. Suspensión de programas académicos, registros calificados o nuevas admisiones por hasta 2 años
  3. Cancelación de programas académicos o registros calificados
  4. Suspensión de la personería jurídica
  5. Cancelación definitiva de la personería jurídica

Factores que determinan la magnitud de las sanciones

El Ministerio de Educación evaluará múltiples factores para determinar la severidad de las sanciones, incluyendo:

  • La gravedad de las irregularidades cometidas
  • El grado de afectación al servicio público educativo
  • La reincidencia en la comisión de infracciones
  • El beneficio económico obtenido por los infractores o terceros
  • La utilización de medios fraudulentos en la comisión de las infracciones

El caso de Juliana Guerrero, cuyo título fue anulado el 7 de noviembre pasado, se ha convertido en el ejemplo más visible de las presuntas irregularidades que ahora enfrentan investigación formal. La situación pone en evidencia las debilidades en los sistemas de control de algunas instituciones de educación superior y la determinación del Ministerio de Educación para aplicar sanciones ejemplares cuando se vulneran las normas académicas.