Una transformación significativa podría estar en marcha en las universidades de Colombia. Una nueva ley impulsada en el país pretende garantizar un derecho fundamental que, aunque pocas veces se visibiliza, impacta directamente el rendimiento académico y la salud de miles de jóvenes: la alimentación durante sus jornadas educativas. La iniciativa surge como respuesta a una problemática extendida entre estudiantes que enfrentan largas jornadas de clases sin contar con recursos suficientes para cubrir necesidades básicas como la comida. Según lo expuesto, para muchos universitarios resulta complejo mantener una alimentación adecuada mientras cumplen con exigentes horarios académicos, lo que afecta su bienestar físico y su desempeño profesional.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
El proyecto de ley plantea la creación de un programa que permita garantizar el acceso a alimentación para quienes más lo necesitan. La medida estaría dirigida especialmente a estudiantes de bajos recursos, con el objetivo de brindar apoyo durante su proceso formativo y evitar que factores económicos incidan negativamente en su permanencia en el sistema educativo. La representante a la Cámara Martha Alfonso expresó su apoyo total a la iniciativa. “Cuando estaba en la universidad fui beneficiaria de un restaurante universitario y si no hubiera sido por él seguramente no hubiera podido permanecer en la carrera que estudié”, afirmó.
Discusión sobre compras locales
El proyecto también ha abierto discusiones importantes. Alfonso explicó que se presentaron propuestas para mejorar el articulado, especialmente en lo relacionado con la compra de alimentos a nivel territorial. Una de ellas buscaba que las universidades cumplieran con el porcentaje mínimo de compras públicas establecido por la ley 2046, que exige adquirir al menos el 30 % de productos frescos a productores locales. Esta proposición fue rechazada en el debate de la Comisión Sexta, en medio de argumentos relacionados con la autonomía universitaria. Frente a esto, la representante fue enfática: cumplir la ley no vulnera dicha autonomía y, por el contrario, podría fortalecer economías regionales y apoyar a comunidades campesinas. “El cumplimiento de las normas de contratación no puede pasarse por alto con el pretexto de la autonomía universitaria”, sostuvo, destacando que este enfoque permitiría dinamizar circuitos económicos locales y beneficiar directamente a asociaciones productivas.
Impacto fiscal y beneficios
En términos fiscales, el proyecto también ha sido objeto de análisis. Según Alfonso, el costo anual sería cercano a los 770 mil millones de pesos, incluyendo gastos logísticos e inflación, lo que representa aproximadamente el 1 % del presupuesto destinado a la educación superior en el país. Para la congresista, el impacto positivo supera ampliamente la inversión. Advirtió que la deserción estudiantil genera pérdidas mayores que las que implicaría financiar programas de alimentación. Se estima que más de 66.000 estudiantes podrían beneficiarse anualmente de esta iniciativa.
El proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso, donde se espera que sea aprobado en los próximos meses. De ser así, representaría un avance significativo en la garantía de derechos para los estudiantes universitarios colombianos.
