La Rolita: el éxito que Bogotá parece dispuesta a sacrificar por negligencia política
Bogotá demuestra una vez más su habilidad para enredarse en sus propios logros. Mientras otras ciudades de la región fortalecen sus instituciones públicas como motores de desarrollo, la capital colombiana permite que tecnicismos jurídicos asfixien a La Rolita, su Operadora Distrital de Transporte (ODT). La reciente adjudicación del TransMiCable de Ciudad Bolívar a un operador privado por diez años no es un simple trámite administrativo; es una señal alarmante sobre la desidia política que rodea uno de los proyectos más exitosos de la última década.
Un tecnicismo que amenaza el patrimonio público
Por un detalle en su creación, la operadora pública quedó excluida de competir en un sistema que ella misma operaba con indicadores de excelencia. El reto actual es subsanar esta situación urgentemente para que Bogotá no pierda una herramienta estratégica que pertenece a todos los ciudadanos. Hasta ahora, el silencio del Palacio de Liévano y la lentitud del Concejo de Bogotá frente a este tema constituyen una falla directa hacia los bogotanos.
Es momento de que las autoridades hablen claro: ¿pretenden salvar esta empresa pública o la dejarán morir por inanición jurídica?
Resultados que hablan por sí solos
La Rolita no es un experimento ni un capricho ideológico; es una empresa que ha demostrado sostenibilidad fiscal, eficiencia operativa y rentabilidad envidiable. Los datos son contundentes y difícilmente igualables por otros operadores:
- Cerró 2024 con un EBITDA del 14%
- Utilidades netas superiores a $10.000 millones
- Para 2025, la utilidad operacional superó los COP11.000 millones
En un sector donde el déficit suele ser la norma y el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) es preocupación constante, contar con una operadora que genera excedentes y se autofinancia representa un activo invaluable que cualquier administración sensata debería potenciar y expandir.
Valor estratégico más allá de los números
La importancia de mantener un operador público robusto radica en la soberanía de información y control del servicio. Un sistema mixto permite al Distrito conocer los costos reales de operación "desde adentro", eliminando asimetrías de información frente a operadores privados. Esto otorga a la ciudad:
- Mayor capacidad de negociación
- Flexibilidad absoluta ante contingencias
- Posibilidad de reinvertir utilidades en la misma comunidad
Impacto social y ambiental transformador
En términos de impacto social, La Rolita ha sido el laboratorio más exitoso de inclusión real en Bogotá:
- El 63% de su personal operativo son mujeres
- Mayoría son madres cabeza de familia de estratos 1 y 2
- Pasaron de la informalidad a certificarse como técnicas en electromovilidad
Esto significa autonomía económica y dignidad laboral en zonas como Bosa, Kennedy o Ciudad Bolívar, donde más se necesita. El componente ambiental es igualmente destacable: con una flota de 195 buses 100% eléctricos, la ODT ha evitado la emisión de más de 2 millones de toneladas de CO2, liderando con ejemplo la transición energética.
La pelota está en la cancha política
El tiempo se agota y no podemos permitir que este logro se desdibuje por falta de gestión. Subsanar la situación jurídica de La Rolita en el Concejo de Bogotá no es un favor a un gobierno anterior; es una obligación con el patrimonio público. Hasta ahora, el Concejo ha fallado a la ciudad al no priorizar este trámite, y la Alcaldía ha fallado al no liderar con contundencia la defensa de su propia operadora.
¿Cuál es el interés real detrás de no corregir un error de forma que ya conocemos?
Medellín lo logró hace décadas con su Metro y Cables, y hoy su modelo es orgullo nacional y referente internacional. Bogotá tiene la misma oportunidad de consolidar una empresa pública moderna, técnica y socialmente transformadora. Dejar a La Rolita en el limbo significa fallarle a las 400 mujeres que hoy tienen empleo digno y desperdiciar una de las pocas victorias reales en movilidad.
La ciudad ya hizo lo más difícil: poner en marcha la operadora y hacerla rentable. Ahora corresponde a las autoridades evitar que la negligencia política se convierta en el epitafio de una empresa que funciona y beneficia a todos los bogotanos.
