Gobierno activa mesas de diálogo para contener cobros excesivos del impuesto predial tras actualización catastral
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha activado un acompañamiento directo a mesas interinstitucionales para atender los reclamos ciudadanos generados por la actualización catastral en diversos municipios del país. Esta intervención gubernamental busca evitar cobros desproporcionados del impuesto predial en los territorios donde se han implementado los nuevos avalúos.
Articulación nacional y local para atender tensiones
La entidad confirmó su participación en espacios de diálogo diseñados para responder a las inquietudes de los contribuyentes sobre avalúos e impuestos territoriales. En estos escenarios se articulan entidades nacionales y locales con el objetivo principal de dar salida institucional a las tensiones generadas por la actualización catastral.
La mesa interinstitucional fue convocada de manera urgente por el Ministerio del Interior e incluye la participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), autoridades territoriales y representantes de comunidades afectadas. Este espacio de trabajo reúne a gobernaciones, municipios, campesinos, veedurías y organizaciones sociales para atender de manera directa las inquietudes que han surgido en distintas regiones del país.
Diferenciación clave entre avalúo catastral e impuesto predial
Uno de los mensajes centrales que el Gobierno está transmitiendo a través del DNP es de carácter técnico. "El avalúo catastral es la valoración técnica del predio realizada por el Igac o los gestores catastrales", precisa la documentación oficial, estableciendo una clara separación conceptual con el impuesto predial.
La aclaración gubernamental apunta específicamente a diferenciar ambos conceptos en la práctica tributaria:
- El avalúo catastral constituye una base técnica de valoración
- El impuesto predial depende de decisiones locales adoptadas por cada municipio
En esa línea, se enfatiza que "la tarifa del predial la fija cada municipio a través de su concejo municipal y su estatuto tributario", lo que implica que la actualización del avalúo no genera automáticamente un incremento proporcional del impuesto. La relación entre ambos elementos depende exclusivamente de las decisiones adoptadas en cada territorio.
Topes legales y mecanismos de protección para contribuyentes
El Gobierno ha hecho un llamado explícito a los mandatarios territoriales, exhortando a las administraciones municipales a cumplir la ley de manera estricta y corregir cualquier cobro indebido. Según la normativa vigente, el impuesto predial no puede aumentar más del 50% con respecto al año anterior en predios menores de 100 hectáreas, y del 100% en predios mayores.
Estos topes funcionan como un mecanismo de protección frente a aumentos desmedidos en la carga tributaria, y su incumplimiento constituye una irregularidad que debe ser corregida inmediatamente. El documento oficial es enfático en este punto: "Si usted recibió un cobro que supera ese límite, ese cobro es ilegal y debe ser corregido".
Además, el Gobierno envía un mensaje directo a los contribuyentes: "Si usted cree que su cobro es excesivo, tiene el derecho de exigirle a su alcaldía la revisión del cálculo". La responsabilidad de la liquidación del impuesto recae en las alcaldías, que deben aplicar las tarifas definidas localmente, abriendo así un margen de control institucional sobre posibles errores o excesos.
Defensa del Catastro Multipropósito y compromiso institucional
En el trasfondo de esta intervención, el Gobierno defiende la política de Catastro Multipropósito, presentándola como una herramienta clave para la equidad territorial y la planificación del uso del suelo. Esta iniciativa "permite identificar quién tiene qué, dónde está y para qué se usa cada predio", destacando su papel fundamental en la formalización de la propiedad y la gestión pública eficiente.
También se subraya su aporte a la protección ambiental y al ordenamiento territorial, convirtiendo la información catastral en un insumo estratégico para decisiones de largo plazo. Desde el DNP se reiteró que su papel es coordinar la implementación del Catastro Multipropósito, cumpliendo además funciones de orientación y seguimiento a las políticas públicas territoriales relacionadas con información catastral.
Finalmente, el DNP reafirmó su compromiso de seguir articulando actores y promoviendo soluciones que permitan una implementación equilibrada de la política catastral en el país, continuando con los encuentros con comunidades y actores sociales para mejorar la comprensión sobre los efectos de la actualización catastral en los territorios.
