Una decisión judicial internacional ha puesto fin al pleito entre la concesión Ruta del Mar S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El laudo determina que el Estado deberá pagar 3.306.292.000.000 de pesos colombianos, equivalentes a tres billones trescientos seis mil doscientos noventa y dos millones de pesos, y ordena la terminación anticipada del contrato por incumplimientos contractuales, desequilibrios económicos y riesgos no compensados en el proyecto vial que, desde aproximadamente 2018, registraba demoras y denuncias.
Detalles del laudo arbitral
De acuerdo con el documento, la ANI está obligada a desembolsar esa suma debido a varios factores: la materialización del riesgo derivado de la falta de aumento de las tarifas de la Estación de Peaje Carimagua, la insuficiencia en la aplicación del valor estimado para las compensaciones ambientales, la falta de activación de pólizas para cubrir los efectos de la vía en sitios inestables, como las unidades funcionales 4 y 5 que conectan el departamento de Sucre con Bolívar, y los gastos de honorarios y arbitraje.
El laudo, de más de 190 páginas, señala: “Desestima todas las demás pretensiones y peticiones de ambas Partes en todas sus partes”.
Antecedentes del conflicto
Cabe recordar que, en principio, las pretensiones de pago ascendían a aproximadamente 4,5 billones de pesos, cifra que la ANI siempre rechazó, defendiendo la legalidad de sus actuaciones. La entidad argumentaba que muchas de las situaciones alegadas debían ser asumidas por la concesionaria, ya que respondían a riesgos propios del contrato y no eran atribuibles a la ANI.
Impacto del fallo
El laudo pone fin a un proceso arbitral iniciado en 2023, que incluyó audiencias, pruebas documentales, peritajes técnicos y testimonios de ambas partes. La decisión final establece las responsabilidades contractuales y define las obligaciones económicas derivadas del conflicto, así como la distribución de las costas del proceso. Este fallo marca un precedente relevante para futuros proyectos de infraestructura en el país, al sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad estatal en concesiones viales.
