Un nuevo golpe contra el hurto de hidrocarburos se registró en el departamento de Santander, donde el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) permitió afectar significativamente las economías ilegales en la región del Magdalena Medio.
Operativos en Puerto Wilches y Simacota
Tropas del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón de Artillería de Campaña n.° 6, lograron ubicar y neutralizar dos válvulas ilícitas utilizadas presuntamente por integrantes de grupos armados organizados para el robo de combustibles. Las operaciones se desarrollaron en zonas rurales, específicamente en la vereda Comuneros, en jurisdicción de Puerto Wilches, y en la vereda Vizcaína, en Simacota.
Impacto económico de las válvulas ilegales
De acuerdo con información oficial, cada una de estas estructuras ilegales generaba rentas cercanas a los 400 millones de pesos mensuales. En conjunto, representaban una afectación total de aproximadamente 800 millones de pesos mensuales a las finanzas de las organizaciones criminales. Las autoridades señalaron que estos hechos son cometidos por grupos armados ilegales que operan en la región, según declaraciones del coronel José Rodríguez.
Tecnología y reacción inmediata
El resultado fue posible gracias a la integración de capacidades tecnológicas del CIMVRI y la rápida reacción de las tropas en terreno, lo que permitió detectar y desmantelar estas actividades delictivas. Tras la intervención, se coordinó con personal especializado de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos para realizar la reconexión segura de la infraestructura afectada, evitando la pérdida de combustible y reduciendo riesgos para las comunidades cercanas, así como posibles daños ambientales.
Lucha contra el hurto de hidrocarburos
El hurto de hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio, además de generar graves afectaciones al medio ambiente y a la economía formal del país. Con este tipo de operaciones, el Ejército Nacional busca debilitar las estructuras criminales que operan en la región, al tiempo que protege activos estratégicos y refuerza la seguridad en zonas históricamente afectadas por este delito.
