Expertos advierten sobre riesgos del sistema pensional colombiano y necesidad de ajustes profundos
El futuro del sistema pensional en Colombia volvió al centro del debate público durante el 19 Congreso de Asofondos realizado en Cartagena, donde analistas y expertos revisaron los desafíos que enfrenta el país en este ámbito económico, especialmente en medio de la persistente crisis fiscal.
Insostenibilidad estructural del sistema actual
En entrevista con Portafolio, la economista Carolina Soto, ex-codirectora del Banco de la República y exviceministra de Hacienda, advirtió que el sistema pensional actual seguirá siendo insostenible incluso si se aprueba la reforma actualmente en discusión. Según Soto, el problema de fondo no se resuelve con los cambios planteados, lo que obliga al país a avanzar hacia ajustes adicionales para garantizar la sostenibilidad del modelo en el mediano y largo plazo.
"El sistema mantiene beneficios que superan la capacidad real de financiamiento de la economía", explicó Soto, señalando que esto genera una presión estructural sobre las finanzas públicas. La economista destacó que Colombia opera con niveles de cobertura y tasas de reemplazo que no corresponden al ingreso promedio de la población ni a su capacidad de ahorro, comprometiendo el equilibrio del sistema.
Presión fiscal y beneficios elevados
La exfuncionaria detalló que uno de los principales problemas radica en los beneficios elevados que aún ofrece el sistema pensional. Indicó que las tasas de reemplazo siguen siendo altas para una economía como la colombiana, dificultando sostener el pago de pensiones en el tiempo.
"Este desbalance se traduce en mayores necesidades de financiamiento por parte del Estado", advirtió Soto, añadiendo que el umbral planteado resulta elevado considerando que una gran proporción de la población gana menos de ese nivel. Esto implica que el sistema asume compromisos que no reflejan la realidad de ingresos del país, aumentando los riesgos de sostenibilidad fiscal en el futuro.
Reforma paramétrica pendiente
Soto insistió en que el país necesita avanzar hacia una reforma paramétrica que ajuste variables fundamentales como:
- La edad de retiro
- El número de semanas cotizadas
- Las tasas de reemplazo
Según explicó, estos elementos deben reflejar los cambios demográficos y económicos, en particular el aumento en la expectativa de vida y la menor tasa de fecundidad. La economista recordó que hoy las personas viven en promedio más tiempo que cuando se diseñó el sistema, lo que implica que reciben pensión durante más años.
"En algunos casos hay pensionados que han percibido ingresos por más tiempo del que trabajaron", señaló Soto, evidenciando un desbalance entre aportes y beneficios dentro del modelo actual.
Impacto sobre las nuevas generaciones
Otro punto crítico destacado por la exdirectiva es el impacto sobre las nuevas generaciones. A su juicio, los jóvenes enfrentarán mayores niveles de presión fiscal, ya que deberán financiar las obligaciones del sistema pensional actual, además de otros pasivos acumulados en sectores como salud y energía.
"Las próximas generaciones están comprometidas fiscalmente", afirmó Soto, advirtiendo que esto se traducirá en mayores exigencias de ahorro y mayores impuestos. En su análisis, esto plantea un reto de equidad intergeneracional, donde las generaciones actuales mantienen beneficios altos mientras trasladan los costos hacia el futuro.
Falta de conciencia ciudadana
La economista también destacó que uno de los principales desafíos es la falta de conciencia sobre la magnitud del problema. Aunque los análisis técnicos muestran una presión creciente sobre el sistema, la ciudadanía no percibe el riesgo como inmediato, dificultando avanzar en reformas profundas que impliquen ajustes en beneficios o mayores esfuerzos de ahorro.
En este contexto, Soto concluyó que el país requiere un cambio en la comunicación del problema pensional. La sostenibilidad del sistema dependerá de la capacidad de generar conciencia sobre los desafíos futuros y de avanzar en ajustes que permitan equilibrar las obligaciones con la capacidad real de financiamiento de la economía.
