Aunque el Consejo de Estado suspendió parcialmente el traslado de $20 billones de los fondos privados a Colpensiones, sí deberían enviarse $5 billones. El 14 de mayo vence el plazo para que haya otra decisión sobre estos recursos.
La fecha clave para definir traslado de $5 billones de fondos privados a Colpensiones es el 14 de mayo. Con el auto del Consejo de Estado que suspende parcialmente el traslado de $20 billones desde los fondos privados a Colpensiones, se aviva la discusión en materia pensional.
Esta determinación del Consejo de Estado no cobijó los $5 billones correspondientes a las personas que ejercieron su derecho a la ventana de traslado, pasaron a Colpensiones y ya se pensionaron. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gremio de los fondos privados de pensión, habló con Vanguardia sobre la decisión parcial del Consejo de Estado y las expectativas frente a la suspensión total de la norma.
El directivo de Asofondos espera que el Consejo de Estado tome una determinación antes del 14 de mayo para impedir el traslado de cerca de $5 billones hacia Colpensiones. “Tenemos unos días para que el Consejo de Estado y las cortes revisen el tema y ojalá encuentren, como nosotros, que es completamente ilegal solicitar esos recursos”, afirmó Velasco. La oportunidad de traslado es uno de los dos artículos de la reforma pensional que se mantienen vigentes, según decidió la Corte Constitucional mientras estudia la norma de fondo.
Dicha ventana se convirtió en una posibilidad para que miles de colombianos pudieran pasar de fondos privados a Colpensiones o viceversa, a pesar de que se cumplió el plazo establecido para el traslado de acuerdo con la Ley 100, norma que impedía el cambio de régimen diez años antes de cumplir la edad de pensión.
El presidente de Asofondos cuestionó los motivos del decreto para el traslado y dijo que Colpensiones está recibiendo los recursos suficientes para el pago de las mesadas pensionales. Velasco advirtió que el costo anual de los pensionados que utilizaron la ventana de traslado asciende a $450.000 millones. Sin embargo, Colpensiones está recibiendo $600.000 millones al año por las cotizaciones de aquellos colombianos que pudieron cambiarse de régimen por la reforma pensional.
“Las pensiones que se han generado por la ventana de traslado suman al año $450.000 millones y pueden ser sufragadas perfectamente con los $600.000 millones que por la misma ley está recibiendo cotizaciones de 100.000 personas”, dijo Velasco, quien cuestionó los fines de este traslado.
“¿Para qué quiere el Gobierno Nacional estos recursos? Porque no es para pagar pensiones”, cuestionó el presidente de Asofondos.
Uno de los problemas que advierten expertos es que, si no hay una decisión antes del 14 de mayo, los fondos privados tendrían que girar los recursos a Colpensiones. En caso de que el Consejo de Estado declare la nulidad de este decreto después de que ese giro se haya realizado, sería complejo revertir la operación.
“Una vez trasladados los recursos a Colpensiones, revertir esa operación, si la justicia finalmente declara la nulidad del decreto, implicaría una complejidad financiera y operativa descomunal. Los títulos de deuda, las inversiones en curso, los rendimientos devengados: todo ello no regresa por arte de magia a los portafolios de las AFP como si nada hubiera ocurrido”, advirtió la abogada Diana Milena Bolívar Sánchez, líder de Derecho Laboral, Seguridad Social y UGPP de Scola Abogados.
La determinación del Consejo de Estado generó la reacción del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro criticó esta decisión. “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores”, afirmó el mandatario.
En un comunicado conjunto, los ministerios de Hacienda y Trabajo cuestionaron la decisión. “Si bien respetamos las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, resulta necesario advertir que este tipo de decisiones, adoptadas en trámite de urgencia sin agotar el debate contradictorio, generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores”, señala el comunicado del Gobierno.
