Gobierno acelera proceso de expropiación de ahorros pensionales con nuevo decreto
En un movimiento que ha generado alarma en el sector financiero y entre los ahorradores, el gobierno nacional ha presentado un borrador de decreto que ordenaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar aproximadamente $25 billones de pesos desde las cuentas de ahorro individual directamente a Colpensiones. Esta medida se produciría en un plazo máximo de 15 días, afectando a alrededor de 200.000 personas que utilizaron la Oportunidad de Traslado establecida en la reforma pensional.
Contradicción flagrante con la reforma pensional vigente
El borrador de decreto representa una contradicción directa con los artículos 76 y 24 de la reforma pensional actualmente en estudio por la Corte Constitucional. Según la normativa vigente, el ahorro de quienes se trasladan a Colpensiones debe seguir siendo administrado por su fondo privado hasta que cumplan tanto la edad como las 1.300 semanas requeridas para pensionarse. Solo entonces, el saldo con sus respectivos rendimientos debería transferirse al Banco de la República para integrarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
El nuevo decreto ignora completamente este proceso establecido, ordenando una transferencia inmediata de los recursos que, según Asofondos, superan los $25 billones de pesos. Lo más preocupante es que estos fondos no irían al Banco de la República como establece la ley, sino directamente a las arcas de Colpensiones, donde se utilizarían para financiar el pago de pensiones actuales en lugar de conservarse como ahorro individual para la vejez de los afiliados.
Materialización acelerada de la expropiación pensional
Expertos en derecho constitucional y pensiones han señalado que este decreto sería abiertamente ilegal, ya que desconoce uno de los pocos artículos de la reforma que se mantienen vigentes mientras la Corte Constitucional realiza su estudio. Sin embargo, el problema trasciende la mera ilegalidad formal.
"Este decreto simplemente acelera el proceso confiscatorio que ya estaba contemplado en la reforma pensional", explica un analista del sector. "Antes, la expropiación se materializaba cuando el afiliado cumplía la edad legal de pensión. Ahora el gobierno pretende ejecutarla en apenas 15 días, sin respetar los plazos ni los procedimientos establecidos".
La medida sigue exactamente la lógica de una reforma que obliga a los colombianos a cotizar en un esquema piramidal, donde el dinero deja de ahorrarse e invertirse productivamente para destinarse exclusivamente al financiamiento de pensiones actuales. Un sistema que, según críticos, es insostenible a largo plazo.
Estrategia electoral y consecuencias fiscales
Analistas políticos sugieren que el gobierno es consciente de la ilegalidad del decreto, pero confía en la lentitud de la justicia colombiana para expedirlo, tomar los $25 billones en plena época electoral y, cuando meses después sea anulado por los tribunales, argumentar que el dinero ya fue utilizado para cubrir obligaciones de Colpensiones.
La estrategia, según expertos, consistiría en luego "compensar" estos recursos con fondos del presupuesto nacional, que muy probablemente saldrían de los impuestos de todos los colombianos. Este año, Colpensiones ya solicitó más de $30 billones del presupuesto nacional para mantenerse operativa, lo que revela la profundidad del déficit del sistema público de pensiones.
Con este decreto, el gobierno utilizaría el ahorro privado de los colombianos para cubrir el déficit de Colpensiones y aliviar simultáneamente la presión sobre las finanzas públicas, liberando caja fiscal inmediatamente después de expropiar los recursos de los ahorradores. Una maniobra que muchos califican como doblemente perjudicial para los ciudadanos.
Reacciones y perspectivas futuras
El sector de las AFP ha manifestado su preocupación por esta medida, señalando que representa un golpe devastador a la confianza en el sistema de ahorro privado. Mientras tanto, quienes originalmente apoyaron la reforma pensional pero ahora critican este decreto específico enfrentan preguntas incómodas sobre la coherencia de sus posiciones.
El borrador de decreto evidencia la urgencia fiscal del gobierno y su determinación de utilizar todos los recursos disponibles, incluido el ahorro pensional privado, para financiar sus compromisos inmediatos. Una situación que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones colombiano y la protección real del ahorro de los trabajadores.
