El decreto del Ministerio de Trabajo que ordena a los fondos privados de pensiones transferir 25 billones de pesos a Colpensiones en un plazo máximo de 30 días ha desatado un intenso debate sobre su legalidad y las consecuencias para el sistema pensional colombiano.
Preocupación por el futuro de las pensiones
En diálogo con Noticias RCN, el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, expresó su inquietud: “Estos recursos son del ahorro pensional y garantizaban nuestras pensiones futuras. Cuando empezamos a desacumular el ahorro para gastarlo en el corto plazo, estamos sacando dinero de la caja de la que viviremos en la vejez”. Velasco advirtió que movimientos similares en otros países han tenido consecuencias catastróficas.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, defiende la medida argumentando que el traslado exprés es indispensable para pagar las pensiones de los trabajadores que aprovecharon la ventana de oportunidad de la reforma pensional para pasarse a Colpensiones.
Desfinanciamiento del régimen público
Velasco señaló que Colpensiones ya está desfinanciado: “No tenemos suficientes cotizantes para pagar las pensiones actuales. Hoy se necesitan siete u ocho personas cotizando para pagar una pensión de salario mínimo, pero solo cinco lo hacen por el cambio demográfico”. El traslado exprés, según él, agravaría esta situación.
Cuestionamientos legales
Asofondos, que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, demandó el decreto 0415 ante el Consejo de Estado. Velasco afirmó que la ley establece que los fondos privados deben seguir administrando los recursos de los afiliados hasta su pensión, y que el traslado ordenado podría ser ilegal. “La Contraloría y el Banco de la República coinciden en que no es legal, por eso acudiremos a las cortes y pedimos a los entes de control que revisen el tema con urgencia”, agregó.
El presidente de Asofondos hizo un llamado a la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo de Estado para que actúen rápidamente, dado el corto plazo establecido en el decreto, con el fin de proteger el ahorro pensional de los colombianos.
