La inflación proyectada en 6,3% para 2026 representa un descalabro económico de graves consecuencias
El tira y afloje por el incremento del salario mínimo podría convertirse en uno de los errores más graves cometidos por un Gobierno que parece olvidar que la inflación es el impuesto de los pobres. Los números que arroje el Índice de Precios al Consumidor de febrero serán determinantes para evaluar si el aumento del salario mínimo vigente para 2026, que alcanza el 23% tras ser corregido por el Consejo de Estado, condenará al país a una inflación superior al 6% al finalizar el año.
Un panorama inflacionario que resucita el fantasma del alto costo de vida
Colombia enfrenta el riesgo de resucitar, de manera ineludible, el costo de vida elevado que había experimentado un prolongado período de control hasta hace algunos años. A nivel global, la pandemia entre 2020 y 2021 disparó la inflación a niveles insospechados, y en nuestro país la cifra llegó a alcanzar el 13% en los momentos más críticos, aunque posteriormente mostró una tendencia a la baja hacia 2022.
Todas las expectativas económicas se sustentaban en que la variación de precios en la economía colombiana se ubicaría entre el 2% y el 4%, correspondiente al piso y techo establecidos por el Banco de la República. Esta entidad, designada por la Constitución como rectora en materia monetaria, tiene la responsabilidad de velar por el poder adquisitivo de los aproximadamente 14 millones de familias colombianas.
La persistencia de la inflación y las medidas del Banco de la República
Contrario a lo esperado, la inflación no disminuyó sino que se mantuvo elevada entre 2022 y 2025, un período caracterizado por una alta pugnacidad política. Durante este tiempo, el Emisor se ha visto obligado a incrementar las tasas de interés para controlar un brote de precios que actualmente se sitúa en 5,3%, representando la tercera variación más alta de la región, solo superada por Venezuela y Argentina.
Los técnicos del banco central ya han elevado las tasas de interés del 9,25% al 10,25%, un incremento de un punto porcentual destinado a evitar un mayor descalabro en el costo de vida. Este aumento se ha visto impulsado por el decreto gubernamental que estableció, sin mayores justificaciones técnicas, un salario mínimo superior a los $2,0 millones, incluyendo el subsidio de transporte.
Proyecciones alarmantes y mecanismos deficientes
Según la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, al finalizar este año la inflación podría alcanzar el 6,3%, lo que se convertiría en una de las mayores derrotas para los macroeconomistas y, de paso, para la concertación básica entre trabajadores, empresarios y el Gobierno de turno.
Está demostrado que el salario mínimo juega un papel determinante en la formación de precios al comienzo del año, y Colombia no ha diseñado un mecanismo efectivo para desindexar los bienes y servicios atados tanto al aumento del mínimo como a la inflación misma.
Factores clave y preocupaciones actuales
El Banco de la República ha insistido en que uno de los factores que más influyen sobre la inflación es el incremento del salario mínimo por encima de variables clave como:
- La productividad
- La inflación causada y esperada
- El crecimiento de la economía
- Otros elementos fundamentales
Lo más preocupante para la inflación de 2026 es que la administración central no reconoce adecuadamente ese impacto, situación que se agrava con la decisión tardía del alto tribunal, adoptada con 45 días de retraso. Este retraso obligó al Gobierno a expedir un nuevo decreto sin mayores concertaciones, generando incertidumbre en el mercado.
Consecuencias sociales y falta de claridad institucional
Se está jugando peligrosamente con la variación de los precios y con el alto costo de vida que afecta, de manera desproporcionada, a las familias y personas de menores ingresos. No existe ni claridad ni seriedad frente a un problema inflacionario que se está volviendo crónico, fenómeno que ha generado una peligrosa indiferencia social frente a la subida constante de precios.
El costo de vida debe convertirse en una prioridad absoluta para los gobernantes, el banco central y las empresas, quienes deben trabajar de manera coordinada para proteger el poder adquisitivo de los colombianos y evitar que la inflación proyectada del 6,3% se concrete como un descalabro económico de larga duración.
