La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ratificó la sanción impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Coltel), operador de Movistar Colombia, por no cumplir con su deber legal de suministrar la información solicitada por el ente regulador. La multa asciende a 1.920,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025, equivalentes a $2.733.760.575, según informó la entidad.
CRC mantiene sanción tras revisar recurso de reposición
La CRC decidió mantener la sanción previamente impuesta a Coltel después de analizar el recurso de reposición presentado por la empresa. La decisión se tomó tras evaluar los argumentos de la compañía dentro de las garantías procesales establecidas en la normativa vigente.
La actuación se fundamenta en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. Esta disposición faculta a la CRC para solicitar información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, televisión abierta radiodifundida y radiodifusión sonora cuando sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones regulatorias.
Importancia de la información para la supervisión regulatoria
La CRC señaló que el suministro de información no es una simple formalidad administrativa, sino que tiene un carácter sustancial dentro del marco regulatorio de las comunicaciones. La ausencia de información amplia, veraz y oportuna limita la capacidad del Estado para supervisar adecuadamente los mercados, identificar riesgos, evaluar condiciones de competencia y proteger a los usuarios.
La entidad enfatizó que “la información no es un requisito accesorio ni una carga formal; es la base mínima para que el regulador pueda supervisar, analizar y tomar decisiones en defensa del interés público, la competencia y los usuarios”.
Bajo esa premisa, la Comisión concluyó que el incumplimiento de los requerimientos de información afecta directamente el ejercicio de las funciones regulatorias que la ley le asigna. Además, sostuvo que la disponibilidad de datos completos y oportunos resulta determinante para fortalecer la transparencia y garantizar un adecuado funcionamiento de los mercados de comunicaciones.
Conducta antijurídica de Coltel
Tras revisar los argumentos presentados por la compañía, la Comisión concluyó que las decisiones adoptadas en la Resolución CRC 8166 de 2026 se ajustan a derecho y confirmó integralmente la sanción. La entidad indicó que la conducta atribuida a Coltel fue “materialmente antijurídica” y que el operador actuó con pleno conocimiento de la obligación legal de entregar la información requerida.
Según el regulador, el proceso se desarrolló en estricto cumplimiento del debido proceso y de las garantías de defensa previstas por la normativa vigente. La CRC reiteró que continuará ejerciendo sus competencias legales con independencia, rigor y responsabilidad, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la supervisión regulatoria y el adecuado funcionamiento de los mercados de comunicaciones en beneficio de los usuarios y del país.
Declaraciones del comisionado y director ejecutivo de la CRC
Felipe Díaz Suaza, comisionado y director ejecutivo de la CRC, defendió la importancia de la información como insumo fundamental para la regulación del sector. “La regulación no puede hacerse a oscuras, ni el Estado puede supervisar un sector estratégico con información incompleta, tardía o fragmentada. La entrega de información amplia, exacta, veraz y oportuna no es una cortesía del regulado ni un trámite menor, es una obligación legal y una condición mínima de responsabilidad frente al país”, afirmó.
El directivo agregó que cuando un operador incumple este deber no solo desatiende un requerimiento administrativo, sino que también afecta la capacidad del regulador para interpretar el mercado, anticipar riesgos, corregir fallas, proteger a los usuarios y adoptar decisiones públicas con fundamento. “La CRC ejercerá sus competencias con firmeza. En un sector que vive de la confianza, la información no se esconde, se entrega”, concluyó.
Con esta decisión, la CRC ratificó la sanción contra Coltel y reafirmó su posición sobre la relevancia de la entrega de información completa y oportuna para el ejercicio de la supervisión regulatoria y la protección del interés público en el sector de las comunicaciones.
