Petro defiende impuesto al patrimonio empresarial y lo compara con cargas de gobiernos anteriores
El presidente Gustavo Petro ha abierto un nuevo frente de debate fiscal al publicar un mensaje en redes sociales donde comparó las cargas tributarias impuestas a las empresas durante estados de excepción en gobiernos anteriores con las que propone su administración en el marco de la nueva emergencia económica.
Comparación histórica de cargas tributarias
"Para emergencia y estados de conmoción interior los empresarios pagaron en los gobiernos de Uribe y Santos, desde empresas más pequeñas, hasta 4,8% de sus patrimonios líquidos, mientras para la emergencia solo se habla de 0,6% de patrimonio líquido", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Petro hizo referencia específica a medidas adoptadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, cuando se activaron figuras constitucionales extraordinarias que permitieron establecer tributos temporales al patrimonio empresarial para atender situaciones de orden público o crisis fiscales graves.
La cifra del 4,8% corresponde a tarifas marginales que, en determinados tramos y bajo esquemas acumulativos, llegaron a representar cargas significativas sobre patrimonios líquidos de empresas de diversos tamaños. En contraste, la propuesta actual del gobierno Petro plantea una tarifa base de 0,6% para ciertos rangos patrimoniales, según lo ha explicado en detalle el Ministerio de Hacienda.
Diferenciación entre empresas rentísticas y productivas
El jefe de Estado añadió en su mensaje: "He pedido diferenciarlas para gravar más las rentísticas y no gravar las empresas productivas reales". Con esta declaración, el Gobierno busca establecer una distinción clara entre compañías cuya actividad principal proviene de rentas pasivas y aquellas que generan empleo directo y producción real.
Según la visión gubernamental, las empresas rentísticas incluirían aquellas con activos financieros o patrimonios improductivos, mientras que las empresas productivas se enfocarían particularmente en sectores estratégicos como el agro y la industria nacional.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha explicado que el impuesto al patrimonio empresarial estaría dirigido específicamente a compañías con altos niveles de patrimonio líquido, con umbrales medidos en unidades de valor tributario (UVT). Según los lineamientos preliminares conocidos públicamente, el gravamen aplicaría a empresas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, lo que equivale a más de 10.000 millones de pesos.
Detalles técnicos de la propuesta tributaria
Las tarifas propuestas comenzarían en 0,6% y podrían incrementarse progresivamente en los tramos superiores de patrimonio. El Ejecutivo sostiene que el universo afectado sería relativamente limitado frente al total del tejido empresarial colombiano, buscando minimizar el impacto en la mayoría de las empresas del país.
El gobierno argumenta que esta medida es necesaria para enfrentar la emergencia económica actual, aunque expertos han advertido sobre posibles alternativas de financiamiento que no impliquen necesariamente nuevos impuestos.
Destino de los recursos recaudados
Más allá del impuesto en sí, el mensaje presidencial también delineó el destino específico de los recursos que se recaudarían. Petro aseguró que la reactivación productiva, especialmente en el sector alimentario crítico, se financiará mediante mecanismos de inversión forzosa rural y urbana en el Banco Agrario y Bancóldex.
Estos mecanismos se apoyarían en una legislación que data de la década de 1960, buscando modernizar y potenciar instrumentos ya existentes en el sistema financiero colombiano. Según el mandatario, se eliminará la "cartera sustitutiva" y se ampliarán significativamente los montos de crédito disponibles.
El objetivo concreto es relanzar la producción de alimentos en regiones estratégicas como:
- El Urabá antioqueño
- Los departamentos de Córdoba y Sucre
- El nordeste antioqueño
- La región de la Mojana
- La depresión Momposina
El presidente subrayó que "los recursos para la reactivación no saldrán del presupuesto general", sino que se complementarán con un aumento en los fondos de compensación financiados precisamente con los nuevos impuestos propuestos. La meta final es reducir la tasa de interés real para pequeños y medianos empresarios, así como para campesinos productores en todo el territorio nacional.
Esta propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre la reforma tributaria y las medidas de emergencia económica, generando reacciones diversas entre gremios económicos, analistas y diferentes sectores de la sociedad colombiana.
