Gobierno decreta siete nuevos impuestos para financiar emergencia por inundaciones en ocho departamentos
En respuesta a la grave crisis generada por las intensas lluvias que han afectado a múltiples regiones del país, el Gobierno Nacional ha expedido siete decretos que establecen nuevas medidas tributarias y económicas. Estas disposiciones tienen como objetivo exclusivo financiar la atención de las personas afectadas por las inundaciones en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Los decretos fueron firmados por el presidente de la República y sus ministros durante la noche del jueves 12 de marzo de 2026, justo antes de que venciera el plazo del decreto que originalmente declaró la emergencia económica. La situación en las zonas afectadas es crítica, con corregimientos y veredas completamente inundadas, donde animales y cultivos agrícolas han sido los más perjudicados por las aguas.
Medidas tributarias para aumentar el recaudo
El Ejecutivo ha implementado una serie de estrategias diseñadas para incrementar significativamente los ingresos fiscales, considerando que los 8 billones de pesos inicialmente estimados resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la emergencia.
Amnistías tributarias: Se establece un beneficio especial para contribuyentes en mora con la Dian, ofreciendo reducciones en sanciones e intereses a quienes regularicen sus obligaciones fiscales. Además, se permite la declaración de bienes que anteriormente no habían sido legalizados.
Extensión del impuesto al patrimonio: Esta medida ahora incluye a empresas internacionales que operan en territorio colombiano y cuyo patrimonio supere los 200.000 UVT, ampliando así la base gravable para aumentar el recaudo.
IVA a juegos en línea: Se reactiva el impuesto al valor agregado del 16% para los juegos de azar en internet, una fuente adicional de ingresos para el fisco nacional.
Facultades especiales y medidas de apoyo
Los decretos también otorgan herramientas extraordinarias a los mandatarios regionales y establecen mecanismos de protección para las víctimas de las inundaciones.
Facultades para gobernadores y alcaldes: Los mandatarios de las regiones afectadas recibirán autorización especial para imponer nuevos tributos locales o realizar traslados presupuestales según las necesidades específicas de sus territorios.
Protección de servicios públicos: Se ordena que las empresas prestadoras de servicios de gas y energía eviten suspender el suministro a los damnificados, bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Regulación de devoluciones a diplomáticos: Se establece un procedimiento específico para la devolución del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo a funcionarios diplomáticos y misiones reconocidas en el país.
Inyección de recursos al presupuesto nacional
Considerando que los 668.421 millones de pesos originalmente destinados para desastres resultan insuficientes, el Gobierno ha autorizado una adición extraordinaria de 8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación. Estos recursos serán invertidos en:
- Rehabilitación temprana de las zonas afectadas
- Reconstrucción del sistema educativo dañado
- Reparación de carreteras y puentes destruidos
- Programas de apoyo a la población damnificada
Garantías para créditos: El Fondo Nacional de Garantías respaldará hasta el 90% de los nuevos créditos que no superen los 120 salarios mínimos mensuales, siempre que no excedan el Indicador Bancario de Referencia más 6 puntos porcentuales.
Esta emergencia económica representa la herramienta recurrente del Gobierno para enfrentar situaciones de afugia presupuestal, especialmente cuando desastres naturales de gran magnitud exigen respuestas financieras inmediatas y sustanciales. Las medidas buscan equilibrar la necesidad urgente de recursos con mecanismos que minimicen el impacto sobre la economía nacional a largo plazo.
