La crisis tributaria que amenaza el desarrollo de Santander
Desde esta tribuna periodística hemos documentado exhaustivamente los incrementos desproporcionados en el Impuesto Predial Unificado (IPU) que actualmente posicionan a Bucaramanga como la ciudad con la mayor inflación del país, generando un impacto directo y devastador en los cánones de arriendo según las estadísticas oficiales más recientes. Sin embargo, la capital santandereana representa apenas la punta del iceberg de una problemática que se extiende por todo el departamento.
Una problemática departamental con casos emblemáticos
La investigación revela que más de sesenta municipios del departamento de Santander registran alzas injustificadas en los avalúos catastrales o presentan graves errores en la liquidación de los impuestos prediales. Entre todos estos casos, Piedecuesta emerge como uno de los más representativos y preocupantes, especialmente considerando su rol estratégico como futuro polo del desarrollo urbanístico metropolitano y eje central de una de las obras de infraestructura más esperadas en la región: el Anillo Vial Externo.
Para comprender la magnitud de lo que ocurre en este municipio, conocido como la tierra de los garroteros, es necesario remontarse al año 2024 cuando se iniciaron los estudios de actualización de avalúos catastrales tanto en zonas rurales como urbanas. Según los protocolos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la caracterización física, económica y jurídica de los predios requiere como mínimo seis meses de trabajo meticuloso y especializado.
Irregularidades en el proceso de avalúo
En Piedecuesta, este proceso crítico tomó la mitad del tiempo establecido o incluso menos, desarrollándose sin contar con equipos técnicos que poseyeran la experiencia avaluadora necesaria para este tipo de actividades de alta complejidad. El estudio de mercado utilizado como base fundamental para las determinaciones parece haber respondido más a la especulación inmobiliaria que ha acompañado a la prometida revisión del ordenamiento territorial, vigente desde 2003, que a la realidad de precios en la zona.
Las investigaciones han documentado casos específicos de irregularidades graves:
- Suelos agrícolas valorados como si fueran suelos urbanizados completamente desarrollados
- Vías y espacios públicos avaluados como predios listos para construcción de vivienda
- Propiedades con avalúos que escapan por completo a la lógica del mercado inmobiliario local
Incumplimiento institucional y afectación a la seguridad jurídica
A pesar de que las comunidades afectadas han comprometido formalmente a las autoridades municipales a revisar de manera masiva estos avalúos cuestionables, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento efectivo a estos compromisos. Durante lo que va del año 2026, el trámite de revisión ha resultado prácticamente imposible, pues el municipio no cuenta con un convenio vigente con el gestor catastral autorizado, imposibilitando así la contratación de personal técnico calificado.
Esta situación evidencia un incumplimiento institucional compartido del servicio público catastral con efectos directos sobre la seguridad jurídica del territorio y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. A esta grave omisión se suma que, en la liquidación del IPU, se estaría aplicando de manera indebida la Ley 1995 de 2019 que estableció límites específicos al incremento del impuesto predial.
Retroactividad material y violación de límites legales
Además, se han identificado traslados diferidos a la vigencia 2026 de una carga tributaria generada por la actualización de 2025, lo que en la práctica configura una forma de retroactividad material que afecta directamente a los contribuyentes. Es fundamental destacar que, al no modificarse la tarifa por parte del Concejo Municipal y aplicarse el Decreto 1480 de 2025, el incremento del IPU no puede superar legalmente el 3%, correspondiendo a las autoridades municipales y departamentales garantizar estrictamente su cumplimiento.
Corregir los avalúos catastrales y las liquidaciones tributarias no representa simplemente una decisión administrativa rutinaria; constituye el primer paso fundamental para consolidar el desarrollo sostenible del municipio, atraer inversiones responsables y garantizar la justicia fiscal para todos los ciudadanos de Piedecuesta y, por extensión, de todo el departamento de Santander.
