Impuesto al Patrimonio: Una Amenaza para la Liquidez y Competitividad Empresarial en Colombia
Más de 15.000 empresas colombianas enfrentaron esta semana el pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio, un tributo decretado por el Gobierno en el marco de una emergencia económica que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional. En una entrevista exclusiva, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén y del Consejo Gremial, que agrupa a los principales gremios económicos del país, advierte sobre los graves efectos que esta medida podría tener en la caja de las compañías, calificándolo como un impuesto con "efectos cercanos a la confiscatoriedad".
Consecuencias Económicas Inmediatas y a Largo Plazo
Gutiérrez explica que, en un contexto de desaceleración económica, este impuesto extraordinario introduce una presión significativa sobre la liquidez de las empresas. "Las obliga a disponer de caja que no necesariamente proviene de las utilidades y que no se había programado", señala. Esto podría llevar a las empresas a:
- Aplazar proyectos de inversión.
- Frenar planes de expansión.
- Ajustar costos operativos.
- Recurrir al endeudamiento para cumplir con el pago.
Estas acciones, en conjunto, terminarían afectando el crecimiento económico nacional, según la líder gremial.
Problemas Estructurales del Impuesto
Uno de los principales inconvenientes, según Gutiérrez, es que el impuesto se calcula sobre el patrimonio líquido y no sobre las utilidades. "Hay sectores intensivos en activos que pueden tener un patrimonio alto, pero flujos de caja ajustados", lo que genera presiones financieras desproporcionadas. Ella argumenta que un sistema tributario más alineado con la generación efectiva de ingresos, gravando la renta en lugar del stock de capital, capturaría mejor la capacidad contributiva y evitaría distorsiones en la inversión.
Impacto en la Competitividad y la Inversión
Colombia ya tiene la carga tributaria más alta para las empresas según la OCDE en 2025, y este impuesto podría incrementarla aún más. Análisis de Anif indican que el recaudo esperado de 13,4 billones de pesos representa un aumento de la tasa del 29,8% al 35,5%, es decir, casi 6 puntos porcentuales adicionales. Gutiérrez alerta que esto deteriora la competitividad del país, ya que ocupa el puesto 54 entre 69 economías según el Centro de Competitividad Mundial. "En un entorno global donde los capitales buscan estabilidad, aumentar la carga tributaria nos pone en desventaja", afirma.
Efectos en Cadena y en las Mipymes
Aunque el impuesto no está dirigido formalmente a las pequeñas y medianas empresas (mipymes), Gutiérrez advierte que en la práctica también las afecta. Empresas con patrimonios intermedios en sectores intensivos en activos podrían ver comprometida su liquidez. Además, existe un efecto de encadenamiento: al presionar financieramente a compañías de mayor tamaño, se reduce su capacidad de contratación, inversión y pago a proveedores, muchos de los cuales son mipymes. "Es un impacto en cadena que termina trasladándose a todo el tejido empresarial y a los consumidores", explica.
Incertidumbre Jurídica y Transparencia
Las empresas deben pagar el impuesto mientras la Corte Constitucional estudia su legalidad, lo que genera incertidumbre jurídica. Gutiérrez espera que, en caso de una decisión de inexequibilidad, existan mecanismos ágiles para garantizar devoluciones. En un contexto preelectoral, también subraya la importancia de la transparencia en el uso de los recursos públicos, asegurando trazabilidad y control.
Llamado al Diálogo y a la Eficiencia del Gasto Público
En lugar de interpretaciones sobre si el Gobierno ha tomado medidas contra los empresarios, Gutiérrez hace un llamado a retomar el diálogo y construir consensos. "Los empresarios son aliados en la generación de empleo, inversión y desarrollo", recalca. Además, sugiere que el Gobierno debería enfocarse en mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, en lugar de incrementar la carga tributaria. Señala que el déficit del Gobierno en 2025 fue del 3,5% del PIB, el más alto en 30 años sin contar periodos de crisis, debido al aumento de gastos de funcionamiento del Estado en un 20,2% en términos reales en tres años. "La sostenibilidad fiscal no depende solo de recaudar más, sino de gastar mejor", concluye.
