El exsubdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Cristian Quiñones, reveló que el impuesto al patrimonio en Colombia enfrenta serias dificultades para cumplir con las metas de recaudo establecidas por el Gobierno Nacional. En una entrevista con Negocios Ditu, Quiñones explicó que el primer cobro del impuesto, cuyo segundo pago vence este lunes 4 de mayo, apenas alcanzó los 2,4 billones de pesos, una cifra muy por debajo de las expectativas iniciales.
Meta de recaudo y déficit actual
De acuerdo con Quiñones, la meta total de recaudo para este impuesto es de 8 billones de pesos. Sin embargo, hasta el momento solo se han obtenido 2,4 billones, lo que deja un faltante de aproximadamente 5,6 billones de pesos. Este déficit representa un desafío significativo para las finanzas públicas, especialmente en el contexto de la emergencia económica que motivó la creación del tributo.
Exenciones y su impacto en el segundo pago
El exfuncionario señaló que en el primer cobro no se aplicaron algunas exenciones que fueron anunciadas posteriormente, como las relacionadas con empresas en procesos de fiscalización y entidades sin ánimo de lucro. Esto podría generar un recaudo aún menor en el segundo pago, previsto para el 4 de mayo. Quiñones advirtió que las entidades sin ánimo de lucro, que suman alrededor de 1.137 según cifras al 9 de diciembre, podrían estar sujetas al impuesto dependiendo de su nivel de patrimonio, lo que añade incertidumbre al proceso.
Estructura fiscal y otras disposiciones
Quiñones recordó que el diseño inicial del impuesto al patrimonio contemplaba un objetivo cercano a los 8,5 billones de pesos, en el marco de una emergencia económica. Además, mencionó que se incluyeron otras medidas tributarias, como una amnistía que habría recaudado cerca de 1,4 billones de pesos hasta el cierre de abril. Estas disposiciones complementarias buscan aliviar la presión fiscal, pero no compensan el déficit del impuesto patrimonial.
Posibles escenarios judiciales
El exsubdirector de la Dian también abordó las implicaciones de posibles decisiones de la Corte Constitucional. En caso de una declaratoria de inconstitucionalidad del impuesto, los recursos ya recaudados podrían verse afectados, dependiendo de las resoluciones del alto tribunal. Esta incertidumbre judicial añade un elemento de riesgo para los contribuyentes y para la planificación fiscal del Gobierno.
Impacto en sectores clave
Quiñones destacó que el impuesto al patrimonio afecta de manera particular a instituciones educativas y de salud, consideradas por la Corte como servicios esenciales. Estas entidades enfrentan dificultades de liquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que podría comprometer su operación. Asimismo, el tejido empresarial ha tenido que recurrir a planes de pago y mecanismos de financiación para hacer frente al tributo, en medio de los plazos establecidos por la administración tributaria.
Reacciones y perspectivas
La entrevista de Quiñones pone de relieve los desafíos que enfrenta el impuesto al patrimonio en Colombia. Con un déficit de más de 5 billones de pesos, el Gobierno deberá evaluar medidas adicionales para alcanzar la meta de recaudo, mientras los contribuyentes se preparan para el segundo pago. La incertidumbre judicial y las exenciones anunciadas podrían complicar aún más el panorama fiscal en los próximos meses.
