Gobierno decreta emergencia económica por lluvias con impuesto al patrimonio del 0,5% a empresas
El Gobierno nacional confirmó este martes en la noche la implementación de nuevos ajustes en materia de impuestos, con el objetivo principal de recaudar aproximadamente COP 8 billones para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectan a varias regiones del país. Estos recursos serán destinados específicamente a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, los cuales han sido gravemente impactados por la ola invernal.
Medidas en el marco del estado de emergencia económica
Estas medidas se adoptan en el marco del estado de emergencia económica declarado mediante el decreto 0150. El Ejecutivo argumentó que la situación generada por las lluvias requiere recursos adicionales y decisiones urgentes para mitigar los efectos devastadores. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado cerca de 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 181 municipios de 16 departamentos. Además, el decreto consigna que hay aproximadamente 87.054 hectáreas afectadas por las inundaciones.
En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro señaló que se trata de “una tragedia en curso” que no admite dilaciones, subrayando la necesidad de una respuesta inmediata y efectiva.
Impuesto al patrimonio para empresas
Una de las principales medidas anunciadas es la modificación al impuesto al patrimonio, que ya había sido anticipada por el Ministerio de Hacienda en días pasados. Según lo descrito en uno de los decretos publicados, este impuesto aplicará una tarifa del 0,5% para personas jurídicas, es decir, será efectivo para las empresas. El Gobierno sostiene que estos recursos se destinarán exclusivamente a la atención de la emergencia climática en los departamentos cobijados por la declaratoria.
Panorama fiscal exigente y contexto previo
La nueva emergencia económica se decreta en un momento de presión significativa sobre las finanzas públicas. El Presupuesto General de 2026 quedó con un faltante cercano a COP 16 billones luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del 23% del salario mínimo para 2026 sumaría al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal del próximo año.
Este escenario se complica con el nivel de endeudamiento externo. Según el Banco de la República, en noviembre de 2025 la deuda externa del país se ubicó en USD 238.721 millones, equivalentes al 54,8% del PIB.
¿Qué es una emergencia económica?
La emergencia económica es una figura prevista en la Constitución que faculta al presidente para expedir decretos con fuerza de ley cuando se presentan hechos extraordinarios que alteran el orden económico, social o ecológico del país. En estos casos, el Ejecutivo puede adoptar medidas excepcionales, incluida la creación o modificación de tributos, sin necesidad de que el Congreso tramite previamente una ley. Sin embargo, estos decretos tienen un carácter temporal y están sujetos a supervisión de la Corte Constitucional.
Suspensión de la emergencia económica anterior
En diciembre pasado, el Gobierno decretó una emergencia económica con el objetivo de recaudar alrededor de COP 11 billones para cubrir el faltante del Presupuesto General de 2026. El 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional esa declaratoria mientras estudia de fondo su constitucionalidad. Con la suspensión quedaron en pausa varios impuestos creados bajo ese estado de excepción. Hasta el momento de la decisión de la Corte, la DIAN había reportado un recaudo cercano a COP 1,2 billones por estos conceptos.
La situación actual refleja los desafíos fiscales que enfrenta Colombia, combinando la urgencia de responder a desastres naturales con la necesidad de mantener la estabilidad económica en un contexto de recursos limitados y alto endeudamiento.
