Los colombianos llevan más de un año pagando un impuesto que, por ley, prometieron modificar. En la reforma tributaria aprobada por la administración de Gustavo Petro, Ley 2277 de 2022, se anunció una medida que generó esperanza en millones de ciudadanos. Allí se estableció un plazo hasta finales de 2024 para que las personas que realizaran transacciones menores a 18,3 millones de pesos no tuvieran que pagar el 4x1.000. Este impuesto, que ha sido un lastre para los ciudadanos y hace tiempo perdió su razón de ser, es una pesadilla regresiva que no debería afectar a los más vulnerables. Sin embargo, al día de hoy, se sigue cobrando, no hay un sistema funcionando para aplicar la ley y el Gobierno Nacional parece distraído con otras prioridades.
Recaudación millonaria pese a la promesa
Entre finales de 2024 y todo 2025, el sistema financiero colombiano recaudó 9,2 billones de pesos producto del impuesto al 4x1.000. Según una acción de grupo contra los bancos de Colombia, aceptada recientemente por el Juzgado Séptimo Civil de Bogotá, el perjuicio para cada colombiano podría alcanzar los 800.000 pesos anuales. Es una suma considerable, más en tiempos de vacas flacas y teniendo en cuenta que la ley aprobada buscaba proteger a las personas con menos recursos. ¿Por qué se está incumpliendo la norma y estamos pagando un impuesto que no debería existir?
Responsabilidades cruzadas entre actores
Los actores del sistema se lanzan la responsabilidad unos a otros. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, afirmó: “Venimos rogándole al Gobierno que ponga en marcha este sistema, porque las compañías financieras y fintech no solo tienen contratos firmados con el operador del sistema, sino que tienen la tecnología desarrollada hace 502 días. Y 502 días de un impuesto que hoy ya carece de justificaciones es dinero que no deberían estar pagando los colombianos”. Por su parte, Freddy Castro, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras (Fecolfin), señaló que la norma se hizo mal, pues pidió un sistema de información unificado, pero no creó mecanismos de coordinación para hacerlo. Esto es un desastre, porque automatizar la exención del 4x1.000 requiere coordinar 336 fondos de empleados, 172 cooperativas de ahorro y crédito, y 39 bancos vigilados por la Superintendencia Financiera.
El gran ausente: el Gobierno
En todo esto, el gran ausente es el Gobierno. No tiene sentido que la reforma tributaria de su iniciativa se vea obstaculizada precisamente por la falta de reglamentación adecuada y de fomento a la integración de todos los actores. ¿Habrá tenido que ver el hecho de que la Casa de Nariño está en problemas de recursos y la exención sería un golpe adicional? ¿La idea es echar para atrás la medida? De ser así, el debate debe darse de cara al país, así como plantear una reforma a la reforma. En todo caso, ¿qué pasa con todo el dinero que han pagado los colombianos a pesar de que no deberían haberlo hecho? ¿Habrá devolución? Sabemos que estamos pensando con el deseo, pero por lo menos una muestra de seriedad sería priorizar la implementación de la medida. Las normas están para cumplirse.
¿Qué estamos esperando?
Los bancos dicen estar listos, las cooperativas dicen estar listas. ¿Qué estamos esperando? El tiempo es, literalmente, dinero.
