Asobancaria denuncia cartel de insolvencia que opera con deudas inventadas
El sector financiero colombiano ha hecho pública una grave denuncia este martes: la existencia de un cartel de la insolvencia que estaría defraudando sistemáticamente a bancos, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y otros actores del sector real. Según Asobancaria, esta estructura criminal ha estado operando durante varios meses utilizando mecanismos aparentemente legales para fines ilícitos.
Así funciona el sistema fraudulento
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó en rueda de prensa el modus operandi de este cartel: "Grupos de abogados u otros profesionales buscan personas con deudas reales y se presentan como salvadores, asegurándoles que no tendrán que pagar sus obligaciones si se declaran en insolvencia". El problema radica en que, para justificar esta insolvencia, estos grupos falsean deudas adicionales mediante empresas de papel y negocian acuerdos con acreedores que no existen.
La figura de la insolvencia, aunque es un instrumento legítimo consagrado en la ley para ayudar a quienes enfrentan dificultades financieras genuinas, ha sido distorsionada completamente por esta estructura criminal. En los últimos dos años se ha evidenciado un aumento alarmante de solicitudes con irregularidades y actuaciones de mala fe.
Cifras que alarman al sistema financiero
Las estadísticas revelan la magnitud del problema: mientras hace una década se registraban aproximadamente 400 procesos de insolvencia en personas naturales, el año pasado esta cifra se disparó a 20.000 casos. Este crecimiento exponencial ha encendido las alarmas en el sector financiero colombiano.
Malagón recalcó que esta estructura criminal estaría integrada por grupos de abogados asesores y centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo. En muchos casos, se ha identificado la creación deliberada de deudas ficticias con el único propósito de cumplir requisitos formales y promover acuerdos que perjudican gravemente a los acreedores reales.
Consecuencias graves para los implicados
Iván Cancino, abogado penalista consultado por Asobancaria, advirtió sobre las graves consecuencias legales que enfrentan los participantes en este esquema: "Los abogados, las personas que se declaran en insolvencia mediante engaños y los prestanombres que permiten usar su identidad como acreedores ficticios incurren en conductas punibles". Entre los delitos identificados se encuentran concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, que pueden llevar a penas de cárcel.
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, enfatizó que la figura de la insolvencia fue creada exclusivamente para deudores en situaciones de crisis real, no como mecanismo para evadir obligaciones. Los profesionales del derecho que participen en estos esquemas fraudulentos podrían perder su tarjeta profesional y enfrentar procesos penales.
Coordinación sistemática entre actores
La investigación ha revelado indicios de una coordinación sistemática entre algunos abogados y determinados centros de conciliación para instrumentalizar el trámite de insolvencia con fines ilegítimos. Se ha identificado un patrón reiterado donde los mismos abogados (especialmente aquellos que representan acreedores ficticios) acuden recurrentemente a centros específicos, desde donde se tramitan solicitudes con múltiples inconsistencias.
Además, se ha documentado que algunas personas registradas como supuestos prestamistas (quiroamigos) aparecen en múltiples procesos de insolvencia simultáneamente, e incluso algunas se encuentran actualmente privadas de la libertad por otros delitos.
Impacto en el sistema financiero colombiano
Este cartel de la insolvencia genera consecuencias devastadoras para el sistema financiero nacional: pérdida de confianza institucional, reportes negativos en centrales de riesgo, creación de barreras de acceso al crédito legítimo y distorsión de mecanismos diseñados para proteger a deudores genuinos. Asobancaria ha alertado que prácticas como estas podrían afectar seriamente la inclusión financiera en el país.
La denuncia formal presentada por Asobancaria marca un punto de inflexión en la lucha contra el fraude financiero en Colombia, llamando la atención sobre la necesidad de fortalecer los controles y revisar los procedimientos relacionados con los procesos de insolvencia para evitar que continúen siendo utilizados como herramienta de delincuencia organizada.
