Gobierno impone sobretasa del 2% a 51 plantas eléctricas para emergencia invernal en Colombia
En respuesta a la grave ola invernal que afecta múltiples departamentos colombianos, el Gobierno Nacional ha decretado una sobretasa del 2 por ciento sobre las ventas brutas de energía para hidroeléctricas y termoeléctricas. Esta medida, enmarcada en el estado de emergencia económica, busca recaudar fondos destinados a los damnificados por las intensas lluvias.
Impacto directo en el sector energético
La nueva carga tributaria afectaría directamente a 51 plantas de generación eléctrica distribuidas en seis departamentos: Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. De estas, 35 corresponden a hidroeléctricas y 16 a termoeléctricas, elevando la carga impositiva total al 8 por ciento para las primeras y al 6 por ciento para las segundas.
Las empresas más afectadas serían EPM, Isagén y Celsia. EPM tendría que asumir este gravamen adicional en al menos 16 de sus centrales hidroeléctricas en Antioquia, incluyendo proyectos emblemáticos como Hidroituango, Guatapé, Playas, Porce II y Porce III. Por su parte, Isagén opera 10 plantas en el mismo departamento, mientras Celsia gestiona tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.
Críticas del sector y preocupaciones financieras
La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación y rechazo ante esta medida: "No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía; es decir, se paga incluso cuando los márgenes de ganancia son bajos". Este gravamen aplicado sobre ingresos brutos, y no sobre utilidades, podría afectar significativamente el flujo de caja de las empresas, comprometiendo su operación y solidez financiera.
La sobretasa tendría una vigencia de seis meses y los recursos recaudados serían administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Sin embargo, expertos del sector advierten que estos costos adicionales podrían eventualmente trasladarse a los usuarios finales a través de incrementos en las tarifas de energía eléctrica.
Impuesto al patrimonio para sector extractivo
Paralelamente, bajo el mismo estado de emergencia económica, el Gobierno estableció un impuesto temporal al patrimonio del 1,6 por ciento para empresas del sector extractivo, incluyendo petroleras, carboneras y mineras. Para el sector eléctrico, esta tarifa sería del 0,5 por ciento.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, criticó esta decisión: "Están volviendo a cargar a las mismas empresas de siempre. Están poniendo tasas adicionales a sectores como el petrolero y el minero, que ya tienen unas cargas tan altas que están dejando de ser competitivos".
Reacciones de líderes gremiales
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, calificó el nuevo tributo como "un trato discriminatorio que atenta gravemente contra la industria" carbonífera. Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, coincidió en señalar el carácter discriminatorio del impuesto y advirtió sobre sus efectos en la inversión de largo plazo.
Natalia Gutiérrez agregó: "Gravar de manera adicional a un sector que garantiza la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico envía una señal negativa a la inversión y puede terminar afectando la seguridad energética del país".
Impacto financiero estimado
Según estimaciones gremiales, las hidroeléctricas y térmicas pagarían aproximadamente 260.000 millones de pesos por el impuesto al patrimonio, mientras que por la sobretasa del 2 por ciento asumirían unos 70.000 millones de pesos adicionales. Este total de 330.000 millones de pesos representaría mayores costos operativos que podrían repercutir en las tarifas eléctricas para los consumidores finales.
Alejandro Castañeda consideró importante que la Corte Constitucional revise si todos los recursos que se pretenden recaudar con estos nuevos impuestos son realmente necesarios para atender los efectos de la emergencia invernal, especialmente considerando que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene un presupuesto de 2,6 billones de pesos sin ejecutar.
