Gremios energéticos alertan sobre deuda gubernamental de $9,2 billones que amenaza suministro
Deuda de $9,2 billones del Gobierno pone en riesgo servicio de energía

Gremios energéticos en alerta máxima por deuda gubernamental de $9,2 billones

Las principales asociaciones del sector energético colombiano han encendido las alarmas ante una deuda acumulada del Gobierno Nacional que alcanza los $9,2 billones, situación que según advierten, pone en grave riesgo la continuidad y calidad del servicio en todo el país.

Una crisis de liquidez que paraliza operaciones

Los presidentes de Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia han unificado sus voces para denunciar lo que califican como una "crítica situación" que atraviesan los sectores de gas y energía. La falta de pago por parte del Ejecutivo en diversos conceptos, sumada a decisiones recientes que han profundizado el deterioro financiero, han creado una restricción severa de liquidez que limita la capacidad operativa de las empresas.

El desglose de la deuda presenta cifras alarmantes:

  • $3,5 billones corresponden al no pago de subsidios ($2,32 billones en energía eléctrica y $1,15 billones en gas natural)
  • $2,2 billones por concepto de opción tarifaria
  • $1,4 billones en deudas oficiales pendientes
  • $2,1 billones derivados de la crisis de Air-e

Empresas financiando políticas públicas con su patrimonio

Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, reveló que las empresas "han tenido que endeudarse para garantizar el servicio", a pesar de que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios finales. Esta situación afecta directamente la sostenibilidad de las compañías y aumenta exponencialmente el riesgo de apagones, especialmente considerando que la demanda actual supera la capacidad de oferta disponible.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, fue contundente al señalar que "las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas". Murgas enfatizó que este no es simplemente un debate económico, sino una conversación urgente sobre protección social, continuidad del servicio y confianza en el sistema energético nacional.

La sombra de Air-e y el déficit energético

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, identificó la crisis de Air-e como uno de los riesgos más significativos para el sector. Los $2,1 billones en acreencias de la empresa intervenida comprometen el capital de trabajo necesario para garantizar la continuidad en la prestación del servicio eléctrico en todo el país.

Pero la problemática se extiende más allá de las deudas pendientes. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, alertó sobre un déficit energético que se profundizará en los próximos años: según datos de XM, Colombia cerrará 2026 con un déficit del -2% que escalará a un alarmante -3,5% en 2027.

Un panorama gasífero preocupante

En el frente del gas natural, las cifras son igualmente desalentadoras. Las reservas se han reducido en casi 57% durante la última década, con una caída del 17% registrada en solo el último año. Analistas proyectan que, en caso de desarrollarse el fenómeno de El Niño, el déficit mensual de gas podría alcanzar el 53% en 2026 y escalar hasta el 70% en 2027.

Este escenario eleva significativamente el riesgo de racionamientos, incrementos tarifarios sustanciales y afectaciones directas a la competitividad industrial del país.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Frente a esta crisis multifacética, los gremios han hecho un llamado unánime al Gobierno para implementar un plan de choque inmediato que permita restablecer el flujo de recursos. Las demandas concretas incluyen:

  1. Pago inmediato de los subsidios adeudados
  2. Asunción de la responsabilidad por la opción tarifaria
  3. Solución definitiva al caso Air-e
  4. Adopción de decisiones que garanticen seguridad jurídica y estabilidad regulatoria

Los líderes gremiales han sido enfáticos en señalar que la seguridad energética de Colombia está en grave riesgo, y que sin acciones concretas e inmediatas, el país podría enfrentar consecuencias severas en su suministro energético, con impactos directos en la economía nacional y la calidad de vida de los colombianos.