Un nuevo análisis de Carbon Tracker concluyó que Colombia podría ahorrar alrededor de US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles hacia 2050 si acelera la adopción de vehículos eléctricos de batería (BEV). El informe se presentó en el marco de la primera Conferencia sobre Transición más allá de los Combustibles Fósiles.
Reducción de costos en salud y clima
El estudio sostiene que una transición más rápida hacia la movilidad eléctrica también reduciría los costos en salud asociados a la contaminación del aire y disminuiría los daños económicos relacionados con el cambio climático. Según el documento, la dependencia actual de Colombia de los vehículos con motor de combustión interna mantiene al país expuesto a mayores costos energéticos y a la necesidad de importar combustibles refinados.
Consumo de petróleo en el transporte
Carbon Tracker indicó que el transporte representó el 75% del consumo de petróleo en Colombia durante 2023, mientras que más del 25% de ese consumo provino de importaciones. Bajo un escenario de continuidad de las tendencias actuales, el país podría gastar hasta US$226.000 millones en importaciones de combustibles para el transporte por carretera hasta 2050, una cifra equivalente a 1,9 veces el presupuesto nacional de 2025.
Beneficios de la electrificación
La entidad señaló que una transición acelerada hacia vehículos eléctricos permitiría evitar el uso de 600 millones de barriles equivalentes de petróleo en ese mismo periodo. Además, la electrificación del transporte fortalecería la resiliencia macroeconómica del país al reducir la exposición a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y limitar la salida de divisas por compras externas de combustibles.
“El país cuenta con ventajas estructurales que respaldan la transición hacia vehículos eléctricos de batería, al tiempo que ofrece la posibilidad de reducir gradualmente los subsidios a los combustibles”, afirmó Ben Scott, autor del informe y jefe de demanda de energía en Carbon Tracker.
Costos fiscales y subsidios
El reporte también abordó el impacto de los combustibles fósiles sobre las finanzas públicas. Carbon Tracker estimó que los subsidios a combustibles en Colombia podrían ubicarse en US$6.800 millones en 2025, frente a US$6.300 millones en ingresos gubernamentales por la venta de esos energéticos, lo que dejaría un déficit cercano a US$500 millones.
De igual forma, advirtió que la continuidad en la venta de vehículos de combustión interna compromete al país a décadas adicionales de mayor demanda de combustibles. Según el documento, cada vehículo nuevo de gasolina o diésel vendido hoy genera costos acumulados a lo largo de su vida útil: cerca de US$6.000 por automóvil particular, US$120.000 por camión mediano, US$278.000 por camión pesado y US$350.000 por bus.
Energía local y menores costos operativos
El informe destacó que Colombia tendría condiciones favorables para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, como un nivel relativamente bajo de propiedad de automóviles, una matriz eléctrica basada principalmente en energía hidroeléctrica (72%) y una exposición limitada a la manufactura automotriz tradicional. También se registra crecimiento en capacidad solar y eólica.
Sustituir combustibles fósiles por electricidad permitiría trasladar parte de la demanda del transporte hacia energía generada localmente. La electricidad sigue siendo más barata que la gasolina o el diésel para el transporte por carretera: movilizarse con energía eléctrica cuesta entre 28% y 55% menos por kilómetro recorrido. Recorrer 100 kilómetros con electricidad podría costar menos de la mitad que hacerlo con diésel.
Impacto en salud y clima
El estudio también indicó que una adopción acelerada de vehículos eléctricos podría reducir costos sanitarios derivados de la contaminación del aire. Además, estimó que la reducción de emisiones del parque automotor permitiría evitar hasta US$35.000 millones en daños económicos relacionados con el clima hasta 2050, medidos en valor presente.
Recomendaciones al Gobierno
Carbon Tracker instó al Gobierno colombiano a desarrollar una estrategia económica e industrial integrada que ubique a los vehículos eléctricos como un sector prioritario dentro de una economía baja en carbono. Entre las recomendaciones se incluyen regulaciones del lado de la oferta, reformas fiscales coordinadas y el despliegue estratégico de infraestructura de carga.
El documento también resaltó la importancia de establecer un estándar robusto de eficiencia vehicular, para evitar que Colombia se convierta en destino de tecnologías de combustión obsoletas y reducir la incertidumbre para la inversión privada en estaciones de carga y renovación de flotas.
“En última instancia, la decisión que enfrenta Colombia no es si electrificar el transporte, sino qué tan rápido puede capturar los beneficios económicos, de salud y de seguridad energética”, concluyó el informe.
