Empresas colombianas sostienen salario mínimo en $2 millones tras decisión judicial
En un gesto inusual de consenso, el sector empresarial colombiano ha decidido mantener el incremento del salario mínimo en 23%, equivalente a aproximadamente $2 millones mensuales, a pesar de la suspensión provisional del decreto gubernamental ordenada por el Consejo de Estado. Esta determinación busca proteger a los trabajadores que ya habían proyectado sus finanzas con el nuevo ingreso, mientras el Gobierno Nacional prepara un nuevo ajuste salarial.
Coincidencia empresarial en medio de incertidumbre jurídica
La coincidencia en el 23% de incremento y la decisión de múltiples compañías de sostener este ajuste marcan un punto de encuentro extraordinario dentro de una discusión que permanece abierta. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), su presidente Bruce Mac Master hizo un llamado explícito a mantener el incremento "en la medida de lo posible", independientemente de la resolución final que adopte el Ejecutivo tras la orden judicial.
El dirigente gremial reconoció que el ajuste ha representado un esfuerzo significativo para numerosas empresas, debido a presiones sobre su viabilidad financiera y capacidad operativa, pero insistió en que la prioridad absoluta debe ser no perjudicar a los empleados que ya contaban con este aumento desde inicios de año.
Empresas pioneras en mantener el incremento
Una de las primeras organizaciones en fijar posición fue Madecentro. Su gerente, Dimas Tobón, aseguró que mantendrán el aumento del 23% como demostración de respaldo a sus trabajadores, reconociendo simultáneamente que la medida tiene efectos concretos sobre la inflación y los costos operativos. Este incremento impacta directamente a 2.666 personas de un total de 3.470 empleados distribuidos en 235 tiendas a nivel nacional.
De manera similar, en RTA Design y RTA Muebles, donde 597 de los 1.400 trabajadores están cobijados por el salario mínimo, también se conservará el ajuste implementado, pese al impacto tangible en sus estados financieros. Estas decisiones empresariales contrastan con el panorama jurídico actual, donde el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que había fijado el salario mínimo de 2026.
Posturas divergentes y claridad jurídica
En contraste con estas posiciones, otras compañías han optado por esperar mayor claridad normativa antes de adoptar decisiones definitivas. Desde Arturo Calle indicaron que seguirán atentos a la evolución de la situación, mientras en el sector retail, cadenas como Ísimo también se mantienen a la expectativa de los lineamientos que establezca el nuevo decreto gubernamental.
Desde el ámbito jurídico, Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, explicó con precisión que los pagos realizados durante enero y la primera quincena de febrero no serán reversados y que ningún trabajador tendrá que devolver dinero recibido. "Lo ya causado quedará intacto", afirmó el experto, aunque señaló que es probable que el nuevo salario mínimo oficial empiece a regir en los próximos días, lo que implicaría que la segunda quincena de febrero podría calcularse con una base salarial diferente.
Reacciones del sector empresarial y gremial
El debate ha suscitado múltiples reacciones entre líderes empresariales y gremiales:
- María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, consideró que esta coyuntura puede representar una oportunidad valiosa para retomar el diálogo constructivo y edificar consensos duraderos.
- Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, señaló que el fallo judicial se dio en estricto derecho y cuestionó abiertamente la improvisación del incremento inicial implementado por el Gobierno.
- Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial, enfatizó que cualquier determinación salarial debe adoptarse con rigor técnico y evaluación exhaustiva de impactos económicos.
Otros dirigentes gremiales, incluyendo a Rosmery Quintero, María Elena Ospina y Cristian Halaby, coincidieron en la necesidad imperiosa de estabilidad jurídica y respaldo técnico sólido para evitar distorsiones económicas perjudiciales. Camilo Guzmán, de Libertank, sostuvo que el salario mínimo frecuentemente se convierte en una herramienta política con efectos directos sobre el sector privado.
Impacto inmediato y perspectivas futuras
La determinación del Alto Tribunal abrió un periodo de incertidumbre sobre el futuro inmediato de las nóminas empresariales, especialmente frente a los pagos que ya se habían realizado con el incremento anunciado el pasado 29 de diciembre. Sin embargo, la postura mayoritaria del empresariado colombiano de mantener el ajuste aplicado desde comienzos de año significa que los trabajadores que ya recibieron el aumento del 23% no verán reducidos sus ingresos mientras se define el porcentaje oficial definitivo.
Esta situación extraordinaria, donde empresas deciden voluntariamente mantener un incremento salarial suspendido judicialmente, subraya la compleja interacción entre decisiones políticas, consideraciones jurídicas y responsabilidad social empresarial en el contexto económico colombiano actual.
