Accionistas minoritarios de Electrificadora del Meta alertan sobre riesgos por reformas estatutarias del Gobierno
Los accionistas minoritarios de la Electrificadora del Meta (Emsa) han denunciado públicamente que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, busca modificar los estatutos de la compañía energética, lo que según ellos comprometería "la estabilidad, la transparencia y el futuro de una de las empresas más importantes para la región".
Propuesta de reforma estatutaria
El Ministerio de Hacienda, en su condición de accionista mayoritario con el 55,67 por ciento de la empresa, pretende realizar una reforma estatutaria que se discute este miércoles 25 de marzo en una asamblea general de accionistas. La propuesta introduce cambios estructurales en el gobierno corporativo de la compañía, generando una profunda preocupación entre los accionistas minoritarios, particularmente en el Grupo Energía Bogotá (GEB).
La reforma propuesta incluye modificaciones sustanciales en elementos centrales del gobierno corporativo de Emsa:
- Eliminación del mecanismo para la selección del miembro independiente de junta directiva, así como ajustes en las condiciones para su designación.
- Modificación de los criterios de idoneidad para integrar la junta directiva, incluyendo excepciones para representantes de entes territoriales.
- Ampliación del espectro de posibles miembros de junta directiva mediante la inclusión de nuevos actores, como representantes de trabajadores con voz y voto.
- Eliminación del proceso de selección del gerente general a través de firmas especializadas (head hunter), trasladando la designación a la mayoría accionaria.
- Reconfiguración de funciones y decisiones que actualmente operan con contrapesos institucionales.
Preocupaciones de los accionistas minoritarios
Los denunciantes aseguraron en una carta a la opinión pública que "no es un simple ajuste administrativo; significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, en términos de garantizar un trato equitativo, la igualdad en el acceso a la información y la participación efectiva en las decisiones corporativas fundamentales".
El Ministerio de Hacienda tiene la facultad de aprobar estas reformas sin necesidad del voto de los demás socios, pues controla la mayoría accionaria. El resto de la participación está en manos del GEB, la Gobernación del Meta, la Federación de Cafeteros y los municipios de Villavicencio y San Martín de los Llanos.
Impactos potenciales de la reforma
De aprobarse los cambios, los accionistas minoritarios advirtieron sobre impactos potenciales en el equilibrio institucional, la gobernabilidad y la sostenibilidad de Emsa, así como en la prestación eficiente del servicio de energía. Entre los riesgos señalados se encuentran:
- Posible afectación de los principios de transparencia, objetividad, neutralidad y moralidad administrativa.
- Eliminación de mecanismos de selección basados en mérito, lo que reduce garantías de independencia y profesionalismo.
- Concentración de decisiones en el accionista mayoritario, con potencial impacto en los derechos de los accionistas minoritarios.
- Riesgo de incorporación de miembros a junta directiva sin condiciones claras de idoneidad o independencia.
- Riesgo de debilitamiento estructural del gobierno corporativo de la compañía.
- Posibles conflictos de interés derivados de la participación de representantes de trabajadores en decisiones de carácter laboral y financiero.
- Debilitamiento de controles que han contribuido a evitar riesgos de politización en la gestión.
- Riesgo de afectar la estabilidad institucional, operativa y financiera de la compañía.
Acciones legales y solicitudes
Por tal razón, el GEB solicitó a la Procuraduría una vigilancia preventiva frente a la propuesta de modificación de los estatutos y, de ser necesario, que se investiguen las conductas de los funcionarios del Ministerio que promuevan estas reformas.
"Es motivo de especial inquietud que la reforma propuesta pretenda revertir varios de los avances logrados, eliminando procedimientos de selección basados en mérito, debilitando las condiciones de idoneidad para participar en la junta directiva y concentrando en el accionista mayoritario funciones que, por su naturaleza, deben contar con contrapesos institucionales", aseguró el GEB en su comunicado.
La situación ha generado un intenso debate sobre el equilibrio de poder en las empresas estatales y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios, especialmente en compañías estratégicas para el desarrollo regional como la Electrificadora del Meta.
