En muchas regiones de Colombia, la Fuerza Pública sigue siendo la presencia más tangible del Estado. Allí donde no llega el acueducto, donde la escuela opera con dificultades, donde el hospital está lejos y la carretera se vuelve intransitable, suele haber una base militar o una estación de Policía.
Por ello surge una pregunta que parece logística pero es profundamente política: ¿quién alimenta a la Fuerza Pública?
La logística detrás de la tropa
Un batallón de selva o de alta montaña puede albergar cerca de 1.000 soldados que requieren alimentación diaria. Para garantizar esto existe la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Alfm), entidad encargada de sostener el abastecimiento y la operatividad de la tropa. Esta operación moviliza recursos, contratos, transporte y mercados.
La pregunta es simple: si una unidad militar está ubicada en una zona productora de papa, arroz, plátano y yuca, ¿por qué esos alimentos no se compran a los campesinos del territorio? Durante años ocurrió lo contrario. Batallones en territorios agrícolas consumían alimentos traídos de otros departamentos o incluso del extranjero, a menudo a través de intermediarios.
La Ley 2046: un cambio normativo
Desde 2020, la Ley 2046 de compras públicas de alimentos exige que entidades estatales y privadas que manejan recursos públicos destinen al menos el 30% de sus compras de alimentos a pequeños productores y a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La idea es transformadora: el Estado debe orientar su gasto para fortalecer las economías campesinas locales.
Sin embargo, una ley por sí sola no modifica la realidad. Entre el papel y el plato existen carreteras sin pavimentar, falta de centros de acopio, ausencia de cadenas de frío, problemas de facturación, baja tecnificación, intermediación abusiva, obstáculos contractuales y una institucionalidad que no se transforma fácilmente.
Avances en el sector Defensa
Esto empezó a cambiar en el sector Defensa durante el actual Gobierno. Se ajustaron manuales de contratación, se incorporaron criterios de comercio justo, se cerraron espacios a la intermediación indebida y se crearon mecanismos para que la economía campesina ingresara a la cadena institucional. En 2025, la Alfm ejecutó más de $63.927 millones bajo el modelo de compras locales, cumpliendo el umbral del 30%. El reto ahora es alcanzar el 100%.
Beneficios múltiples
Comprar alimentos directamente al campesinado representa justicia social: el productor encuentra un comprador estable, se fortalece la economía campesina, sus organizaciones y el desarrollo rural de la región. A su vez, es bienestar para la tropa: con circuitos cortos de comercialización, se proveen alimentos frescos y locales.
Pero hay un efecto adicional: se construye legitimidad institucional, lo que fortalece la seguridad. Una comunidad que ve a la Fuerza Pública como aliada de su economía, y no solo como presencia armada, comienza a relacionarse con el Estado desde la confianza.
Seguridad con justicia social
Donde las economías ilegales capturan la vida diaria, esto es decisivo. La seguridad no se logra solo con presencia armada: se vuelve posible cuando existe bienestar económico y productivo, con mercados justos, estables y dignos.
Cuando el Estado compra la cosecha campesina, no solo alimenta a sus soldados. Alimenta la legalidad y la paz con justicia social, y estabiliza su presencia y apoyo social en la región.
